Trincheras universitarias

El Gobierno cumple una responsabilidad que le es inherente al regular las condiciones para que una universidad privada pueda operar en España. Y a endurecerlas si las instancias competentes, como el Consejo de Universidades o la Conferencia de Rectores, han expresado preocupación por el nivel de calidad de algunas de las que se han autorizado en los últimos años, convertidas en meras expendedoras de títulos para alumnos que no han alcanzado las notas de corte que exigen las universidades públicas. El Ejecutivo debe contar con los elementos necesarios para garantizar que el sistema universitario cumple sus funciones. Pero una cosa muy diferente es alentar el enfrentamiento social y levantar barreras ideológicas utilizando para ello a las universidades. Es lo que han hecho Pedro Sánchez y sus ministros en los últimos días. Identificar a las privadas como trincheras ideológicas que hay que combatir desde lo público es un error que revela que el Gobierno está dispuesto a utilizarlo todo para la pelea política y para sus propios intereses. En cualquier país avanzado del mundo, y España no es una excepción, las universidades privadas son un elemento clave del sistema educativo y garantizan una formación de alto nivel y competitiva. En Andalucía, que ha sido identificada por Sánchez como una de las comunidades en las que se han autorizado “chiringuitos” expendedores de títulos a cambio de dinero, existe algún ejemplo de universidad privada que ha logrado en pocos años acreditar un merecido prestigio y que, con un respaldo social importante, compite de tú a tú con las privadas. No estaría de más que el Gobierno, al mismo tiempo que se dedica a fiscalizar la actuación de las privadas, extremara también el control sobre la calidad de algunas de las universidades públicas que están lejos de cumplir la función para la que fueron creadas. La universidad es demasiado importante para jugar con ella a hacer política.