La última bufonada de Puigdemont

Carles Puigdemont ensaya estos días lo que será su última bufonada, forzar su detención en Barcelona para impedir que transcurra el pleno de investidura del socialista Salvador Illa. Una vez que éste ha conseguido los apoyos necesarios de ERC y que el pacto suscrito entre ambos partidos supera el programa del propio Puigdemont –sólo falta que el Gobierno conceda a los independentistas el referéndum–, el histrión de Waterloo intenta a la desesperada que su detención cause tal conmoción entre los republicanos que cambien de opinión sobre la investidura o que ésta se prorrogue bajo una táctica obstruccionista. Sobre Puigdemont pesa la orden de detención del juez Llarena por posible delito de malversación, que es el tipo penal que el Tribunal Supremo considera que no cabe bajo el paraguas de la ley de amnistía. Esto está recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero Llarena tiene que hacer cumplir esta orden, que pasa por la detención para trasladarle al Tribunal Supremo y que se le tome declaración. Después de ello, se decidirá si se envía a prisión o si ésta no es necesaria mientras se resuelve la controversia judicial. A pesar de las críticas de Puigdemont, España es un país garantista, donde se respetan los derechos de los procesados y, hasta ahora, el ex presidente de la Generalitat se ha beneficiado de una inmunidad por su condición de eurodiputado que ya no tiene. No obstante, la investidura de Salvador Illa, que hace unos meses se podía considerar como un broche de normalización en Cataluña, se ha tornado en un elemento negativo para el resto de España, debido a los graves compromisos adquiridos con ERC. La soberanía fiscal de Cataluña supone un cambio de la Constitución por la puerta de atrás, una mutación que habrá que confirmar en el Congreso de los Diputados, donde el malestar con el acuerdo se extiende por varios partidos nacionalistas ante el agravio que supondrá el privilegio catalán.