Derechos recortados. Derechos olvidados

CUANDO al conmemorar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se constata año tras año que aquellos derechos proclamados son permanentemente ignorados y olvidados, se requiere un ejercicio de serenidad para evitar que el único impulso para este día sea el de la más profunda indignación.

Porque recordamos con rabia como la vulneración de los derechos por parte de quienes tienen la obligación de cumplirlos se ceba con crueldad en capas cada vez más amplias de la población. Derechos ignorados de las personas que no tienen techo, de quienes no pueden acceder a una vivienda digna, o a un trabajo digno. Derechos olvidados de la gente que vive en los barrios más deprimidos y de la gente trabajadora que apenas sobrevive entre la más absoluta precariedad. Es el día de los derechos de las personas migrantes que sufren todo tipo de tropelías y el racismo. Y también de las mujeres que sufren la continua violencia. Derechos atacados los de las personas LGTBIQ. Derechos recortados a la salud o a la educación de la mayoría de la población. Derecho a un planeta saludable y la imprescindible lucha contra la emergencia climática que criminalmente es una y otra vez aparcado.

Todos los derechos para todas las personas. Eso proclama la Declaración Universal y respalda la Constitución. Pero otra vez más, otro año más, y quizás para peor, tenemos que hablar de derechos olvidados, ignorados, aparcados, recortados e incluso cuestionados y atacados. O sometidos a una práctica aún más perversa al cambiarles el contenido, como observamos cotidianamente con la palabra libertad.

Hay momentos que son capaces de señalar algunas de las contradicciones y los peligros a que nos enfrentamos. Tal ocurre con la reciente huelga y movilizaciones por el convenio del metal.

Este conflicto ha puesto de relieve la insoportable situación de paro, precariedad y pobreza que sufre buena parte de la población de la provincia. Y, como en otras ocasiones, la rebeldía contra esa situación, así como la solidaridad de la población que sale a la calle para pedir mejoras estructurales y dignidad.

Y que lamentablemente se encuentra frente a la acción represiva del aparato del Estado, que en estos momentos está mostrando una preocupante deriva autoritaria vinculada a la legitimación de los discursos de la extrema derecha. Se muestra en un ministro del Interior escasamente preocupado por el cumplimiento de los derechos humanos; se muestra en la policía que combate en la calle una reforma legal tibia sobre la Ley Mordaza y que solo hace cumplir los mínimos exigidos por el Tribunal Constitucional.

Se muestra también en la deriva del poder judicial, que, en sus más altos niveles, se ha convertido en un verdadero peligro para la significación de la democracia y los derechos humanos. Están intentando imponer a través de sus sentencias una visión cerrada y discriminatoria de los principios democráticos. Y están intentando impedir que se pongan en marcha políticas progresistas y que se respeten los compromisos internacionales en materias de derechos humanos adquiridos por España. Porque en España la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un texto normativo de obligado cumplimiento, de acuerdo con esa Constitución de la que tanto presumen cuando les interesa.

Se trata en realidad de la puesta en cuestión de la sociedad abierta e integradora que somos y de los principios democráticos que la fundamentan.

Todo ese discurso de odio que permea redes y conciencias nos obliga a reclamar, a poner en valor, otras realidades sobre las que basarnos para construir propuestas alternativas de justicia, de paz, de libertad e igualdad.

Porque lo cierto es que persiste la solidaridad de muchísima gente y el compromiso de muchas otras para mejorar este mundo, que no es sino conseguir que el cumplimiento de los derechos humanos sea la norma y no la excepción en el conjunto del planeta. Por eso nos movilizaremos este día 10 de diciembre.