La Educación y el mercado

Ha dicho recientemente el Consejero de Educación que nunca como ahora se ha llevado a cabo un esfuerzo mayor por apoyar la enseñanza pública en Andalucía. Quienes tengan memoria para recordar podrían reprocharle al señor Imbroda que ha borrado de un plumazo y con claro desprecio por la verdad documentada toda la década de los 80 del siglo pasado, años en los que se llevó a cabo como nunca un esfuerzo cuantitativo, en las construcciones escolares, por ejemplo, y cualitativo, en la innovación y renovación pedagógica; un esfuerzo por dotar a la sociedad andaluza de un servicio público de la educación que fuera capaz no sólo de facilitar el ejercicio efectivo del Derecho a la Educación, sino también de superar déficits estructurales tan graves como la gran tasa de analfabetismo que padecíamos entonces.

Para afrontar los retos que la vida nos presenta a los seres humanos, como me enseñaron hace muchos años mis profesores de Filosofía, lo importante no son tanto las respuestas como las preguntas. Por eso, con toda sencillez, me gustaría formular en voz alta algunas de las interrogantes que me sugiere la situación actual de la educación en Andalucía. ¿Sabe el señor Imbroda que el artículo 27 de la Constitución establece en su punto 5 que los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la Educación, mediante una programación general de la enseñanza? ¿Conoce el señor Imbroda el punto 1 del artículo 21 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que afirma que se garantiza, mediante un sistema educativo público el derecho de todos a una educación permanente y de carácter compensatorio? ¿Cómo piensa el señor Imbroda hacer compatible que "cada familia elija el colegio que le dé la gana" - dixit el señor Bendodo - con la obligada programación general de la enseñanza? ¿Va a ir el señor Imbroda a explicarles a los padres y alumnos de las escuelas rurales que ha cerrado cómo pueden ellos elegir el centro que les dé la gana? ¿Se lo van a explicar, los señores Imbroda y Bendodo, a los padres de la Palma-Palmilla en Málaga, o de las Palmeras en Córdoba, o del Polígono Sur en Sevilla?

¿De verdad alguien piensa que el problema más urgente e importante de la Educación en Andalucía es el supuesto derecho de los padres a elegir el colegio que les dé la gana, cuando sabemos por las cifras que el mismo Gobierno ha dado que más del 95% del alumnado acude al centro de su primera elección? ¿No es más cierto que con las medidas que está adoptando la Consejería en escolarización, detrás de "adecuar la oferta a la demanda" se esconde la mercantilización del ejercicio de un derecho fundamental como es la Educación? ¿Somos conscientes de que esa política educativa está favoreciendo una dualización del sistema educativo que no está ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que jamás contempló la competencia entre enseñanza pública y concertada? ¿Sabemos que cerrar cientos de líneas en centros públicos por baja escolarización es negar a cientos de familias su derecho a elegir centro, aplicando la lógica del mercado por encima de la lógica del interés social, y negando el carácter compensatorio que nuestro Estatuto le atribuye al sistema educativo? ¿No acabará la enseñanza pública, en virtud de esta política, convirtiéndose en subsidiaria de la enseñanza privada y, por lo tanto, reservada de facto a los sectores y territorios menos favorecidos de nuestra sociedad?

¿Sabe el señor Imbroda que en un estado moderno son los poderes públicos los que garantizan el ejercicio del Derecho a la Educación, a través del servicio público de la educación, que en el caso de nuestro ordenamiento legal está conformado por una red de doble entrada, la pública y la concertada, obligadas a colaborar y no a competir, pero siempre a partir de la programación general de la enseñanza que le corresponde justamente a esos poderes públicos, y no a la enseñanza concertada ni a la ley de la oferta y la demanda? Y por último, pero no lo menos importante: ¿no será que esta política educativa pretende lisa y llanamente mantener y mejorar el estatus de la enseñanza privada, mayoritariamente de orientación católica, porque se pretende la preeminencia de los valores religiosos sobre los valores cívicos y laicos? ¿Es aumentando las horas de religión y deporte como vamos a resolver nuestros problemas de fracaso escolar, o de abandono prematuro, o de falta de motivación en gran parte del alumnado y del profesorado? ¿Es justamente eso, volver a la confrontación escolar, lo que necesita la situación de la educación en Andalucía hoy?

Mucho me temo que la respuesta a esas preguntas no es la que requiere Andalucía, porque nos aleja de ese necesario gran acuerdo movilizador en torno a la educación que tan conveniente es para la comunidad educativa y para la sociedad andaluza. Se puede decir rotundamente que el artículo 27 de la Constitución es el único pacto escolar que ha existido en España, como lo fue en cierta medida el artículo 21 de nuestro Estatuto. Por eso, cada vez que se ha intentado desarrollar la legislación educativa de manera sesgada, como sucedió con la Ley del Estatuto de Centros Escolares, o con la Ley Wert, el TC ha tenido que intervenir a fondo para corregir lo legislado. Desgraciadamente, el señor Imbroda va por un camino que ya hemos transitado, y que no nos lleva en la buena dirección.