Más allá de la turismofobia

Un año más, el turismo ha sido protagonista del verano, y no sólo porque se van a batir nuevos récord, sino porque se han puesto de manifiesto algunas de sus externalidades negativas provocando una incipiente "turismofobia". Pero más allá de algunos incidentes aislados, la dinámica turística requiere reflexión y la política turística una reorientación.

No es necesario extenderse en la trascendencia de las actividades turísticas para España, que generan unos ingresos superiores a 120.000 millones de euros (11,1% del PIB) y el 13% del empleo, ayudan a equilibrar la balanza de pagos, distingue a España como el tercer país turístico del mundo y tiene unos soportes de infraestructuras, equipamientos, capacidad de gestión y oferta natural y cultural variadas.

Pero, además de empleo y renta, el turismo genera otros efectos no deseados para el conjunto de la sociedad, cuya percepción es desigual en función de donde se viva y de la vinculación con las actividades turísticas. Entre estos efectos se encuentran la densificación de espacios públicos, la intensificación del uso de las infraestructuras y de los servicios públicos, la construcción masiva en el litoral, alteraciones en los espacios naturales, la banalización de las zonas monumentales, a lo que se le está sumando en los últimos años la expulsión de vecinos de sus barrios por la alteración de la tranquilidad y la elevación de los precios de los alquileres inducidos por el aumento de las residencias turísticas. Por ello, en ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, San Sebastián o Santiago de Compostela, algunos vecinos identifican a los turistas con especies depredadoras para su hábitat.

Además de las externalidades negativas, debe reflexionarse sobre el impacto económico del turismo con otros enfoques a los habituales. En el gráfico adjunto se representa la evolución del PIB por habitante de las cinco comunidades autónomas con mayor peso turístico en relación con la media española. Como puede observarse, las cinco crecen menos que la media española entre los años 2000 y 2016. La mayor caída relativa la experimenta Baleares, que pasa de ser la tercera comunidad más rica en 2000 a la séptima en 2016, Canarias (de la 8ª a la 12ª posición), y la Comunidad Valenciana (de la 9ª a la 11ª). Cataluña y Andalucía mantienen sus posiciones (5ª y 16ª), aunque disminuyen su participación en PIB/hab.

¿Por qué este comportamiento diferencialmente negativo de las CCAA más turísticas? Sin duda se habrán producido circunstancias singulares que ayuden a explicar por qué las comunidades referidas han empeorado su posición relativa, pero no deja de ser significativo que las cinco comunidades con mayor peso turístico compartan el descenso relativo en su PIB/hab., y más intensamente las comunidades insulares, en las que el sector turístico es más relevante, por lo que es razonable avanzar algunas posibles explicaciones derivadas de las actividades turísticas. La mayor parte de estas actividades se caracterizan por desenvolverse en mercados de elevada competencia, con precios ajustados y valor añadido limitado, siendo actividades poco exigentes en tecnología e innovación y en las que predominan los empleos de baja o media cualificación. En consecuencia, los beneficios y salarios que generan no son muy elevados, lo que limita la acumulación para la inversión y la demanda de bienes y servicios más cualificados del entorno. Adicionalmente, el carácter temporal de buena parte de las actividades turísticas, el alto nivel de paro (y de ambición en algunos casos) inducen a sobrevivir con los ingresos de la temporada turística y, en la medida en que se estabilizan, desalientan otros trabajos o iniciativas empresariales más complejas o con mayor riesgo.

No obstante, ni las externalidades negativas ni los efectos económicos referidos deben interpretarse como una oposición al sector turístico, que es y seguirá siendo un sector fundamental para la economía andaluza y española. Pero sí parece oportuno plantearse nuevos enfoques de la política turística y una mayor diversificación sectorial en una perspectiva a medio y largo plazo.

Una parte de la nueva policía turística tendrá que enfocarse a minimizar las externalidades negativas que, con aplicaciones diferenciadas a nivel local, debería tener un marco normativo nacional sobre exacciones fiscales, restricciones urbanísticas y regulación de nuevos oferentes (alojamiento, transporte). Y, por otra parte, una política de promoción turística selectiva en segmentos que generen más valor añadido y favorezcan un turismo más sostenible.