Un anticapitalista de 57.000 euros al año

Una deficiencia en el mundo de la política es la incongruencia. El no actuar como se proclama, el defender una cosa cuando se está fuera de las instituciones y luego no cumplirlo cuando se gobierna; las habituales promesas incumplidas, sean del tipo que sea, que tan distanciada tiene a la ciudadanía de los políticos. El político hace tiempo que dejó de predicar con el ejemplo, con carácter general y sea de la corriente que sea o defiendan las siglas que usted quiera. Lo mismo vale para un presidente que dijo que iba a construir un hospital del que nada se sabe, un alcalde que dijo que erradicaría la infravivienda o haría volver a la gente a una ciudad cada vez más despoblada, o un partido que aseguraba venir “a hacer política de otra manera”.

“No venimos a enriquecernos con la política sino a ofrecer un acto de amor a nuestros vecinos y a la ciudad”, proclamaba José María González, Kichi, hace casi cuatro años, el mismo día que firmaba junto a su equipo de gobierno y demás miembros de la candidatura un documento ante notario, que no tenía validez ninguna pero otorgaba más solemnidad a la declaración de intenciones. Pero eso era en 2019; hoy uno de sus concejales pedirá en el Pleno del Ayuntamiento que se le acepte compatibilizar su dedicación exclusiva de concejal con un puesto de profesor en la Universidad de Sevilla. Algo que viene repitiendo de manera esporádica desde 2015 pero que ahora quiere hacer sin renunciar a nada.

El hecho de que Páez se proponga cobrar el 100% de su sueldo de concejal y también el que la Universidad de Sevilla le conceda por enseñar una asignatura (18.505,82 euros brutos anuales, según el informe técnico del propio Ayuntamiento) elevan la cuenta de este concejal anticapitalista hasta los 57.332,58 euros. Y todo ello gracias a una maniobra que hace malabares con la legislación actual, que le impide la compatibilidad si va a cobrar más del 30% de lo que ya gana como servidor público, como va a ocurrir (al cobrar casi un 53% más).

Alude el informe técnico, con cierta subjetividad, que pese a incumplir la norma el artículo 7 de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas permite autorizar la compatibilidad si el Pleno del Ayuntamiento -en este caso- así lo acuerda. Y cita también el artículo 4.1, que establece la docencia “como Profesor universitario asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada” como una excepción a la incompatibilidad, pero si se cumplen otra serie de requisitos. Entre ellos, el establecido en el artículo siguiente respecto a los concejales, a los que sí se les permitiría “salvo que desempeñen en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva”. Acto seguido, además, dice el artículo 5.2 que en caso de compatibilidad “sólo podrá percibirse la retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra”. Y abre una tercera vía posible, que tampoco contempla Páez: la dedicación parcial.

La también concejala anticapitalista Ana Fernández, anunciaba en 2019 la decisión de Adelante Cádiz de que el suelo de sus miembros quedara limitado a 2,25 veces el salario mínimo interprofesional (fijado este año 2022 en 1.000 euros mensuales); y llegaba a decir que si se ponía el límite en tres veces ese salario “salía una cifra que era hasta escandalosa”. Cifra muy por debajo de la que percibirá Páez, que se aleja así de la práctica de otros miembros de su equipo como el propio alcalde (que insiste en quedarse cada mes con el sueldo de profesor y donar el resto) y con el propio código ético firmado en su día ante notario, que hablaba de “no duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de cargo electo, sin recibir más de un sueldo ni cobrar retribuciones extra por asistir a reuniones de ningún tipo si tienen asignado un salario por su actividad”.

El técnico de Personal del Ayuntamiento ve en este caso una excepción a la ley por “interés público y general”. Excepcional, desde luego, tiene que ser ver a un anticapitalista con dos trabajos en la capital del paro y 57.000 euros al año en su cuenta.