La conducción de presos que nunca llegó

Junto a la estación ferroviaria portuense se encuentra el antiguo monasterio de la Victoria, que entre 1886 y 1981 fue prisión estatal. Por su puerta han entrado y salido decenas y decenas de millares de personas que, por una u otra causa, fueron privadas de libertad.

En muchas ocasiones, por diferentes razones, fueron trasladadas a otros establecimientos ubicados en otras provincias. La escolta de su conducción, al objeto de evitar fugas, correspondió a la Guardia Civil, ingrata misión que tiene encomendada desde su creación.

Dichos traslados solían hacerse en vehículos celulares o en vagones de ferrocarril. Para garantizar la seguridad de esas conducciones era necesario disponer del potencial de servicio suficiente. Por tal motivo, al comienzo de 1936, el puesto de la Guardia Civil de Puerto de Santa María era uno de los que mayor número de componentes tenía en la Comandancia de Cádiz.

El 18 de julio tenía por casa-cuartel un edificio que se encontraba en los números 77 y 79 de la entonces calle Federico Laviña, hoy Cielo. El inmueble era propiedad de Augusto Marenco Fortes, fallecido unos meses antes, y la renta era sufragada entre el ayuntamiento y el estado. Tenía una plantilla de 23 efectivos. De ellos, 20 eran de infantería (1 sargento, 2 guardias de 1ª clase, 16 guardias de 2ª y 1 corneta) y 3 de caballería (1 cabo y 2 guardias de 2ª).

Su comandante era el sargento Rafael Abad de la Vega. Procedía del Colegio de Guardias Jóvenes, ubicado en Valdemoro. Fue creado en 1853 por el duque de Ahumada, organizador y primer inspector general del benemérito Instituto, para “premiar en los hijos las virtudes de los padres”. Había nacido el 19 de diciembre de 1897 en la población cordobesa de Pedro Abad y tenía otro hermano, de mayor edad y llamado Agustín, que era corneta de la Guardia Civil y que estaba destinado en el puesto de Medina Sidonia.

Uno de sus principales cometidos era mandar la escolta de las conducciones de presos consideradas de mayor complejidad. Normalmente se desarrollaban sin incidencias dignas de mención. Sin embargo, una excepción fue la acaecida el 9 de junio de 1936.

Debía trasladar una veintena de presos desde el penal portuense hasta la “Casa de Trabajo” existente en Alcalá de Henares. Dicho establecimiento era el primer centro de custodia, “de régimen de trabajo o colonia agrícola”, creado al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes, promulgada el 8 de agosto de 1933. Fue consensuada con todos los partidos políticos y aprobada por mayoría, siendo Manuel Azaña Díaz, presidente del consejo de ministros.

El sargento Abad nombró servicio de escolta con él, al guardia 1º Antonio Gentil Jiménez así como a los guardias 2º Francisco Maldonado Conejo, Manuel Castillo Fernández, Antonio Campos García, Pedro Marqués Bauzá, Antonio Sánchez Reynaldos, Manuel Morente Quintana, Manuel Montalbán Carballo y Miguel Riverola Marín.

La conducción se realizó en un vehículo celular, con aparente normalidad, hasta que al llegar de madrugada a la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela, descubrieron que se habían fugado doce presos. Éstos, aprovechando un fuerte temporal de agua que se había desencadenado al anochecer, practicaron un hueco en el suelo del furgón. Levantaron unas tablas que se desprendieron fácilmente, “dado el estado de vejez del coche”, y que el suelo no estaba reforzado con chapa. Los centinelas no se apercibieron, pues al estar la carrocería en mal estado y entrar el agua por varios sitios, habían apiñado a los reclusos para que no se calasen. La escasa iluminación interior y el hecho de que el resto de los presos se dedicaran todo el tiempo a cantar en voz alta, contribuyeron a que la escolta no se apercibiera de la evasión.

Los fugados no fueron localizados y se inició el correspondiente expediente judicial militar para el esclarecimiento y depuración de los hechos. Ocho de ellos, pendientes de depurar responsabilidad disciplinaria o penal, por posible negligencia, iniciaron el 17 de julio siguiente, un nuevo servicio de conducción de presos. Para la mayoría de ellos sería el último que practicasen. Todavía no sabían que ese mismo día, en Melilla, se iniciaba la sublevación militar contra el gobierno de la República y comenzaría una guerra civil que duraría casi tres años.

En esta ocasión, Abad, además volver a formar la escolta con nueve guardias del puesto, de los cuales repitieron siete, nombró también, como segundo jefe, al cabo Manuel Garoz Puebla. Éste había nacido el 24 de diciembre de 1896 en la población toledana de Estrella de la Jara y se había incorporado al Puerto de Santa María en abril de 1936, procedente de la Comandancia de Badajoz.

En esta ocasión la conducción de presos se haría por ferrocarril. Debían conducir a veinte reclusos “de filiación extremista”, desde el penal portuense hasta la prisión navarra de Pamplona. Se trataba de una conducción importante en la que, después de lo acaecido el mes anterior, no podía haber incidencia alguna.

Ajenos a lo que iba a suceder, llegaron a la mañana del día siguiente a la estación ferroviaria de Mediodía en Madrid. Allí tuvieron conocimiento de la sublevación militar que se había producido en el norte de África. Les esperaban fuerzas del 14º Tercio de la Guardia Civil para reforzar la conducción hasta la cárcel Modelo, donde debían pernoctar los reclusos y ser recogidos al día siguiente para continuar en otro tren hasta Pamplona.

Ese 18 de julio, donde el ambiente era ya tenso por las noticias que estaban llegando, el sargento Abad junto a sus hombres, acudió al acuartelamiento del 4º Tercio. Éste se encontraba en la calle Guzmán el Bueno, donde actualmente se halla la Dirección General de la Guardia Civil. Allí se presentó y dio novedades de haber cumplimentado la primera etapa. Seguidamente pernoctaron en la sala de transeúntes. Tenían previsto recoger a primera hora de la mañana siguiente, la veintena de reclusos que debían continuar conduciendo hasta Pamplona y regresar seguidamente vía férrea al Puerto de Santa María.

Dicho traslado debió haber proseguido por lo tanto, en la mañana del 19 de julio, pero ya para entonces España estaba en llamas. No era posible continuar hacia Navarra ni regresar a Cádiz. Los presos siguieron todavía ese día encarcelados, mientras que Abad y sus hombres fueron agregados al 4º Tercio para reforzar los servicios que se establecieron. La sublevación militar había estallado también en Madrid pero fracasó al día siguiente tras la caída del cuartel de la Montaña.

A partir de entonces, cada uno de los once componentes de la escolta portuense, protagonizarían las más variadas vicisitudes que, por razón de espacio, sería imposible detallar aquí pero que garantizarían un magnífico guión para una película o la trama argumental de una novela. Una incipiente guerra civil les había separado de su destino en Puerto de Santa María y de sus familias, a las que no sabían si algún día volverían a ver.

El sargento Abad fue uno de los que finalmente se llevó la peor parte. Se mantuvo leal al gobierno de la República y ocupó diferentes destinos, entre ellos el mando del destacamento que protegía el Ministerio de la Gobernación, edificio ocupado actualmente por la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid en la Puerta del Sol. Formó parte de la Guardia Nacional Republicana, nueva denominación que se le dio a la Guardia Civil por decreto de 30 de agosto de 1936, y cuando por otro decreto de 26 de diciembre siguiente, se creó el nuevo Cuerpo de Seguridad, que supuso la disolución de, “los Cuerpos de la Guardia Nacional Republicana, Seguridad y Asalto, Vigilancia e Investigación, y Milicias de retaguardia, cualquiera que fuese su nombre y la entidad que las hubiese organizado”, se integró en el mismo. Ascendido sucesivamente a brigada y teniente, fue condenado por un consejo de guerra, tras concluir la contienda, a la pena de 20 años de reclusión mayor, siéndole posteriormente conmutada por la de 6 años de prisión menor.

El cabo Garoz, que también pasó a la Guardia Nacional Republicana, desempeñó diferentes cometidos, significándose el mando del destacamento que daba seguridad a la legación diplomática de Finlandia. Detenido y encarcelado inicialmente por desafecto, al oponerse a su asalto, consiguió evadirse una vez puesto en libertad y reintegrado al servicio. Tras superar la investigación pertinente se reincorporó al puesto del Puerto de Santa María el 1º de noviembre de 1937.

Respecto al resto de la escolta, sus vicisitudes fueron también muy variadas. El único guardia 1º, Francisco Román Pliego, prestó servicio en zona gubernamental hasta el final de la contienda, pero tras ser depurado favorablemente, como le correspondía haber pasado a retiro por cumplir la edad reglamentaria en mayo de 1937, así lo hicieron en 1939 con efecto retroactivo; el guardia 2º Campos, el 9 de septiembre de 1936 se evadió de la zona gubernamental por Talavera de la Reina, regresando al puesto portuense; Castillo continuó prestando servicio en zona gubernamental hasta el final de la contienda, siendo finalmente depurado y expulsado de la Guardia Civil el 12 de diciembre de 1941; Maldonado también prosiguió y ascendió a cabo, siendo expulsado tras ser condenado el 6 de octubre de 1939 por delito de auxilio a la rebelión, a la pena de 14 años, 8 meses y un día de reclusión temporal; Montalbán también continuó pero resultó muerto el 17 de septiembre de 1936; Morente permaneció hasta concluir la guerra, reintegrándose a su puesto, tras resultarle favorable la investigación practicada, siendo declarada el 25 de diciembre de 1940 su inutilidad física; Riverola también continuó durante toda la contienda, pero fue depurado y separado del servicio el 24 de octubre de 1941; y Sánchez, que prosiguió en zona gubernamental, fue depurado favorablemente y continuó prestando servicio en la Guardia Civil.

Respecto al expediente judicial militar iniciado antes de la contienda, decir que se reanudó y concluyó en la posguerra. Según consta en una certificación expedida el 12 de noviembre de 1940 por el guardia 2º Enrique Rodríguez Flores, secretario del procedimiento instruido en esclarecimiento y depuración de los hechos que motivaron el 9 de junio de 1936 la fuga de doce presos, cuyo juez instructor era el comandante Luis Peralta Villar, 2º jefe de la Comandancia de Cádiz, se resolvió sin declaración de responsabilidad. Todo ello conforme el parecer de la auditoría de guerra de la capitanía general de Sevilla.

Al fin y al cabo, aquella fuga había ocurrido antes de la contienda y en España habían pasado cosas mucho más graves e importantes…