Los costes de la negociación colectiva

Tras la vuelta del verano se constituirán las mesas negociadoras de una gran parte de los convenios colectivos sectoriales de trabajo que existen en Andalucía, cuya vigencia finaliza a 31 de diciembre y que, por tanto, han de negociarse para 2025 en adelante.

No parece que sea necesario, tras casi 45 años de negociación colectiva constitucional, resaltar la importancia que tiene esta institución laboral en el funcionamiento del mercado de trabajo.

En todos estos años han sido, por un lado, las organizaciones empresariales más representativas sectorialmente en sus respectivos ámbitos territoriales y, por otro, las centrales sindicales más representativas quienes han asumido esta tarea tan importante como necesaria.

El resultado de la negociación colectiva, consecuencia del principio erga omnes o eficacia general automática que le es de aplicación, hace que los convenios colectivos afecten a la totalidad de las empresas de un sector y a las personas trabajadoras de las mismas, y es ahí donde ha surgido desde siempre un debate acerca de quién debe sufragar el coste de la negociación colectiva. Hasta el momento son esas organizaciones empresariales y sindicales las que asumen los gastos, es decir, son exclusivamente los asociados a esas organizaciones empresariales y afiliados a esas centrales sindicales más representativas. O sea, que solo unos empresarios y trabajadores corren con el gasto económico del proceso de la negociación colectiva, cuando el resultado del mismo le es de aplicación a todos.

En la Confederación Comercio Andalucía, que agrupa y representa a los empresarios de comercio minorista en su formato pequeño y mediano, estamos analizando en profundidad este tema, porque cada vez son más las federaciones provinciales de nuestro sector, que se encargan de la negociación colectiva en sus respectivas provincias, que demandan el establecimiento por parte de la Administración autonómica de ayudas económicas que permitan seguir sufragando estos costes de la negociación colectiva.

El considerar la negociación colectiva un bien de interés social y laboral es incuestionable y en base a ello nos preguntamos: si eso es así, ¿por qué no dotar económicamente su ejecución si existen dotaciones económicas para otras muchas actuaciones que se consideran bien de interés social?

Es por tanto este un debate que exige un análisis profundo entre Administración andaluza y organizaciones empresariales y sindicales negociadoras de convenios colectivos. Si se quiere seguir contando con una negociación colectiva y el resultado de la misma, unos convenios colectivos de calidad, es necesario dotar a quienes tienen encomendada esta tarea de unos recursos económicos suficientes que garanticen atender el coste que acarrea la negociación colectiva.

Quizás, podría pensarse que esos costes se reducen a los honorarios de unos asesores durante un número más o menos reducido de sesiones negociadoras, pero ese análisis solo puede hacerse desde el desconocimiento que supone el proceso de la negociación colectiva que es continuo en el tiempo y que no se limita al momento que va entre la constitución de la mesa negociadora y la publicación del convenio colectivo. Además de ello, se celebran multitud de comisiones paritarias, se preparan informes, se analiza documentación, se celebran mediaciones, el asesoramiento continuo a empresas y trabajadores, etc...

En definitiva, la negociación colectiva y su resultado, el convenio colectivo, requieren un trabajo constante durante la vigencia del mismo.

Cierto es que existe una línea de ayudas de la Junta de Andalucía para financiación de Planes de Formación dirigidos a la Capacitación para el Desarrollo de las Funciones relacionadas con el Diálogo social y la Negociación Colectiva que está dotada en su convocatoria para 2024 de un montante cercano a 1.800.000 euros, sin embargo esta línea no contempla la ayuda para sufragar costes de negociación, que es la mayor necesidad de las organizaciones que realizan esta tarea.

Desde Comercio Andalucía pensamos que no es cuestionable el interés social que tiene la negociación colectiva y no debería, por tanto, discutirse la oportunidad y necesidad de atender y ayudar en los gastos que esta genere.