Doñana no mejora

Chapman y Buck escribían en 1893 (Wild Spain) que el invierno de 1887-88 podía tomarse como un típico invierno en Doñana. Ciertamente en los decenios del tránsito del siglo XIX al XX las lluvias se iniciaban en noviembre y se prolongaban en diciembre, provocando el desbordamiento del Guadalquivir en diciembre-enero, como aquel invierno en que la lámina de agua superó el bujarrete de su cauce y llegó en Sevilla a una cota de +7-8 m. Aguas abajo se anegó la marisma, desde la Puebla del Río hasta El Puntal, acumulando los aportes provenientes de la lejana Rocina por el Oeste, así como los de los próximos cauces de Resolimán, Guadiamar, caño Travieso y el Brazo de la Torre. Sin olvidar que al Este del Guadalquivir los caños Navarro, Salado de Morón y Salado de Merlina también aportaban lo suyo hacia el Brazo del Este o directamente a la marisma frente a El Puntal.

Pasados 137 años, ni el río, ni los afluentes y ni los caños citados se desbordan, ni la marisma de Doñana se inunda, ni forma parte de la España Salvaje. El drenaje está obturado o impedido, la tendencia pluviométrica es a la baja (de 800-600 mm a 400-200 mm anuales) y los caudales se han reducido por falta de lluvia y se rebaja el acuífero por agotamiento. En julio pasado, cargado de pesimismo, resumía la situación lacónicamente en Doñana, con pacto y sin agua, donde daba por “casi perdida la reversión del acuífero” (Diario de Sevilla, 11/7/2024). Seis meses después sigo pesimista, más aun cuando se consolida la máxima de que el “objetivo es salvar el acuífero” (Diario de Sevilla, 7/1/2025), o sea, salvar el recurso que haga compatible las extracciones de agua con la actividad económica agrícola y ganadera de los 14 municipios adheridos al Acuerdo de Doñana. Esto no es más que utilizar el acuerdo para continuar con la política extractiva que ha conducido a la situación de los últimos 15-20 años, acompañándose ahora de 17 medidas para recuperar cauces con un presupuesto de 356 millones de euros (2025-2027). Suena bien, si no fuera porque principalmente están dirigidas a obras de saneamiento de aguas residuales y cerramiento de pozos en las parcelas (aproximadamente unos 300 pozos ilegales de una estimación por encima de 2.000). Quizás por ello la buena prensa del acuerdo únicamente proceda de los ayuntamientos de la Corona Norte de Doñana, mientras que los regantes son críticos, lamentan la burocracia, la tardanza en las ayudas, la falta de agua superficial, la apertura de expedientes y su constante criminalización.

Pero una y otra vez hay que subrayar que el problema es la conservación del Parque Nacional de Doñana, de ahí que la máxima debiera ser “Doñana, más conservación y menos desarrollo sostenible” (Diario de Sevilla, 16/4/2023). Para ello hay que volver a apelar al Real Decreto-Ley Doñana 2005 (¡¡hace 25 años!!), el más ambicioso y consensuado proyecto de restauración y regeneración geoambiental que sobre el papel ha conocido Doñana. La clave es devolver a Doñana su condición de humedal con agua superficial, subsuperficial y freática. Del 2005 quedó por hacer todo lo que mínimamente se necesita para tratar de recuperar cuando llueve, aunque sea poco y errático, el drenaje hidrogeomorfológico superficial. Lo vuelo a recordar: 1) la recuperación del caño Guadiamar desviado al entremuros por el maligno Plan Almonte-Marisma necesitado de mucha superficie para el cultivo, 2) Las actuaciones en el Brazo de la Torre desde su desembocadura hasta Veta La Palma para mantener el flujo mareal adecuado, y 3) la libre conectividad geomorfológica del caño Travieso con el Brazo de la Torre para favorecer el ciclo de inundación al Sur del muro de la FAO. Mientras habrá que seguir rezando para que llueva en este invierno y la próxima primavera, así como por una incorporación al acuerdo de las medidas no ejecutadas del 2005.