Empieza la auténtica cuenta atrás para la liberalización de la autopista
Peaje Cádiz-Sevilla
Tras el final del peaje en la AP-1 de Burgos el pasado 30 de noviembre, a finales de este año le tocará a la AP-4, que este martes vivió otra subida de precios
El pasado 30 de noviembre, la liberalización de la autopista AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava) convirtió una eterna promesa política en una realidad. Por primera vez en más de 40 años, los usuarios de la citada vía dejaron de tener que hacer la obligada parada para meter sus tarjetas de créditos o para rendir cuentas con la empresa concesionaria correspondiente.
El Ministerio de Fomento, tanto en los tiempos del PP como en los actuales del PSOE, llevaba años diciendo que no ampliaría los plazos de la concesión de las autopistas que quedarían liberadas a corto plazo. Y llegó el momento de hacer realidad un repetido mensaje electoral, de manera que los usuarios de la AP-1, la primera autopista española que cumplió ese plazo, pudieron dejar de hacer esa travesía sin pagar.
Y tras el caso de la Burgos-Armiñón, a finales de este 2019 recién estrenado le tocará levantar sus barreras a la autopista AP-7 en el tramo entre Tarragona, Valencia y Alicante; y a la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz), ambas explotadas ahora al Grupo Abertis. Otras tres vías de peaje, la del tramo Zaragoza-Mediterráneo (AP-7), la AP-2 entre Tarragona-La Junquera, y la AP-7 entre Montmeló y el Papiol, terminarán sus contratos en 2021.
La autopista Cádiz-Sevilla, estrenada a principios de la década de los setenta y que siempre ha tenido peaje, inicia el que en teoría debería ser el último año de pago. El 1 de enero de 2020 ya debe ser gratuito circular por sus calzadas. Y el inicio de este último año de pago tuvo lugar este martes con la enésima subida de peaje, para enfado de los conductores que no sabían ayer de este incremento. Hasta los 7,45 euros (15 céntimos más que el precio anterior) se eleva ya la tarifa para los turismos que circulan desde ayer entre las provincias de Cádiz y Sevilla.
A lo largo de este año al Gobierno le toca pensar en cómo se mantendrán esas autopistas que han sido rescatadas o que lo serán a corto plazo. En una de sus últimas comparecencias públicas, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explicó que su departamento iba a lanzar próximamente un concurso público para elegir a la compañía que se encargará del contrato de mantenimiento integral de la autopista AP-1 una vez ya liberada. Ese contrato de mantenimiento supondrá un importe anual de 5,8 millones de euros, si bien en 2019 este monto se elevará hasta los 7,2 millones, dado que se incluirá el coste de las obras de desmontaje de las casetas de cobro de peaje de la vía.
Cabe recordar que ambas vías, la AP-1 y la AP-4 tienen una longitud muy similar de poco menos de un centenar de kilómetros, por lo que el coste del mantenimiento puede tener un precio bastante similar.
Tanto la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) como los sindicatos y diversos colectivos sociales, además de los partidos políticos, se pusieron en este asunto en modo Fuenteovejuna, todos a una, y llegaron incluso a constituir en Jerez una mesa para exigir al Gobierno la liberalización del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz cuando expire la concesión.
Y es que todas las partes coinciden en que la AP-4 ha sido siempre una de las autopistas más rentables para la empresa concesionaria dado el número de vehículos que la transitan día a día, y especialmente durante la época estival. También es un argumento muy compartido que la Cádiz-Sevilla es la autopista más amortizada de Europa, tras un peaje que roza ya el medio siglo.
La AP-4 es la que más tráfico soporta de las tres a liberar
La AP-4 Sevilla-Cádiz, explotada por el Grupo Abertis y de 93,82 kilómetros de longitud, es la autopista de peaje que más tráfico registra (18.343 usuarios diarios) de las tres que el Gobierno anunció que serían gratuitas una vez que acabara su concesión administrativa. Así, esta tres vías, la AP-1 Burgos Armiñón ya liberalizada en noviembre, la AP-4 Sevilla-Cádiz y la AP-7, registran un tráfico de medio de 16.825 usuarios al día y generan ingresos de 370 millones de euros al año.
Abertis, que también cuenta con la concesión de la A-7, con 16.814 vehículos al día en el trazado entre Tarragona y Valencia, agrupa a través de la sociedad filial Aumar estas dos concesiones, con las que ingresa unos 302 millones de euros al año, según datos del grupo. Precisamente, esta compañía es la que más se va a ver afectada por el vencimiento de plazo de explotación de autopistas en los próximos años, cuando afronta la conclusión de 1.008 kilómetros de vías. Abertis aseguró recientemente que cuenta con un fondo de 136 millones de euros para atender pequeños desperfectos y otro de 146 millones para grandes reparaciones y fallos estructurales de las vías con el fin de revertirlas al Estado en un “perfecto estado” de conservación.
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