Fiscalía pide 8 años de inhabilitación para Peinado por el caso de los aceites

PUERTO REAL/La situación política de Maribel Peinado (PA) se complica aún más. A la condena de dos años y medio de inhabilitación a la que se enfrenta la diputada y ex vicepresidenta de Diputación por impedir a la oposición el acceso a información pública de manera sistemática durante su etapa como alcaldesa de Puerto Real (2011-2015), se le suma ahora otra petición de inhabilitación de la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal solicita para ella y para seis de los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno Local de Puerto Real durante la pasada legislatura ocho años de inhabilitación para cargo electo por el conocido como caso de los aceites usados.

La denuncia partió de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles, Geregras, colectivo que consideró que la firma del convenio que Maribel Peinado suscribió con la empresa Biouniversal, S.L para la recogida de aceite usado en Puerto Real impedía que el resto de empresas debidamente autorizadas pudiesen trabajar en la localidad. Eso fue entendido por Geregras como un acto que vulneraba la libre competencia de mercado, además de suponer posibles irregularidades en la concesión.

Aunque fue Peinado quien consignó el convenio y su posterior ampliación para incluir, además del aceite usado doméstico, el procedente de la hostelería, el asunto salpicó a un funcionario de la Delegación de Medio Ambiente (que elaboró un informe dando el visto bueno a la conveniencia de firmar dicho convenio) y a seis concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que ratificó la firma: José Antonio Ayuso, Juan Carlos Martínez, Flores Domínguez, Jesús Plaza, Francisco Javier Traverso y Manuel Izco.

Según la Fiscalía, la ex alcaldesa junto al resto de acusados, de común acuerdo y "guiados por el ánimo de favorecer de manera arbitraria a la empresa Biouniversal", realizaron las gestiones necesarias para adjudicar "un monopolio" con "absoluto desprecio" a las normas administrativas y legales de contratación pública e impidiendo la posibilidad de obtener el contrato a otras empresas del sector. Eso fue lo que provocó la denuncia de la Asociación Geregras.

El fiscal también considera que se optó por el convenio para evitar la participación de terceros, ya que la empresa Biouniversal no superaría el proceso "al carecer al tiempo de suscribir el convenio de las autorizaciones necesarias para prestar la totalidad del servicio"; y que se eludieron los principios de libre acceso a licitación, publicidad y transparencia.

Así, según Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y solicita para cada acusado ocho años de inhabilitación para el cargo electo. Por su parte, las acusaciones particulares, ejercidas por la Asociación Geregras y Equo, han solicitado hasta 14 años de inhabilitación. En el caso de la asociación de empresarios, se amplía también a inhabilitación para cargo público. Además, ambas acusaciones añaden en su petición a la ex concejala de Medio Ambiente, Beatriz Parrado, que la Fiscalía, finalmente, no ha incluido en su escrito de acusación.

En el auto en el que se acuerda la apertura del juicio oral, que esta pendiente de señalamiento, se declara que el órgano competente para el fallo de esta causa es el Juzgado de lo Penal.