Más incertidumbres que certezas para los astilleros

Cádiz/Alguna certeza y muchas más incertidumbres. Así pueden resumirse las intervenciones hoy en la Comisión de Industria del Congreso del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández; y de la presidenta de Navantia, Susana Sarriá.

Las preguntas de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios han llevado a ambos dirigentes a dar cuenta de la situación actual de la empresa pública de construcción naval y, lo más importante, de su futuro a corto y medio plazo.

En el apartado de las certezas, tanto Fernández primero como Sarriá después, han confirmado que el contrato para la construcción de las cinco corbetas para Arabia Saudí ya ha entrado en vigor, que la primera unidad empezará a fabricarse en enero y que su plazo de entrega será de 35 meses. A partir de ahí, las otras cuatro naves se entregarán a razón de cuatro meses cada una.

El presidente de la SEPI también ha asegurado que la segunda serie de los Buques de Acción Marítima (BAM), reclamada insistentemente por partidos políticos y, sobre todo, por los trabajadores desde hace años, se incluirá en el plan estratégico de Navantia 2018-2022. Asimismo, que el buque logístico para el Ejército de Tierra (TLET) también estará previsto. Y, además, que ambos se fabricarán en el astillero de Puerto Real.

Fernández se ha referido al empleo (tanto directo como indirecto) que generarán las corbetas durante los cinco años en los que se prevé acabar dicha obra. Los buques para Arabia generarán 3.250 empleos en la Bahía de Cádiz, 2.320 en Sistemas (San Fernando), 350 en la factoría de Cartagena (motores) y 53 para Ferrol. Se invertirán, ha explicado, siete millones de horas de trabajo en construir un tipo de barco en el que más del 80% de su tecnología será española.

El máximo dirigente de la SEPI también ha confirmado esta mañana que, a partir de enero, la nueva Navantia funcionará pensando en el Ministerio de Defensa y de la Armada, además de aquellos encargos internacionales que pudiera lograr, también dentro del ámbito militar. “El núcleo central de Navantia se basa en la seguridad y defensa nacional”, ha confirmado.

Otra certeza que también ha desgranado Vicente Fernández ha estado referida a la situación económica de la compañía. Ante la insistencia de los distintos portavoces políticos, ha admitido que las cuentas de la empresa no son las deseadas (unas pérdidas acumuladas de alrededor de 1.300 millones de euros, a razón de unos 300 millones en los últimos ejercicios). Por eso, ha afirmado, el principal objetivo es que Navantia sea una empresa “equilibrada y competitiva" cuando acabe el plan estratégico que aún no se ha acabado de negociar, en el año 2022.

Algunas de estas aseveraciones han sido ratificadas y detalladas por la presidenta de Navantia, Susana Sarriá. Visiblemente nerviosa al inicio de su comparecencia (apenas cien días desde que tomó posesión del cargo), la dirigente de la empresa pública ha confirmado que sigue siendo su objetivo que el plan estratégico esté aprobado antes de final de año. Hay que tener en cuenta que, a falta de apenas dos meses, los sindicatos han expresado en más de una ocasión que aún les separan muchos aspectos de la propuesta empresarial.

Sobre el futuro inmediato de la empresa y de los tres astilleros de la Bahía, Sarriá ha dicho que, efectivamente, tanto el BAM de investigación subacuática como el ferry para el Ejército de Tierra, son “idóneos para Puerto Real”, teniendo en cuenta, ha asegurado, el principio de “flexibilidad”. Esto es, que a partir de enero, la nueva Navantia aplicará el principio de acabar con la subactividad, optimizar la plantilla y repartir en todos los centros el trabajo que haya en cartera. Por ese mismo principio, ha detallado que las corbetas para Arabia también tendrán su repercusión en otras factorías del grupo.

Y, a partir de aquí, las incógnitas. Para empezar, porque no ha podido (como se le ha reiterado por todos los portavoces políticos) dar plazos para saber cuándo podrá contratarse y, por tanto, empezar la construcción ni del BAM ni del TLET.

Asimismo, sobre el plan estratégico, más allá de insistir en que quiere firmarlo antes de que acabe el año, Susana Sarriá ha hablado de prejubilaciones (exactamente, de salidas anticipadas), de rejuvenecimiento y de mantenimiento de los centros. Pero no ha detallado ni a qué edad se producirán esos relevos, ni en qué número ni cuánto personal joven entrará en las distintas factorías.

Sí ha dicho en reiteradas ocasiones que la nueva plantilla de la compañía tendrá que ser capaz de llevar a Navantia a un nuevo ciclo basado en el Astillero 4.0, con la digitalización por bandera, que “la haga ser competitiva en todos los mercados”. La evidencia es que ninguno de estos aspectos han podido tener respuesta por parte de Sarriá, ya que todos ellos se tienen que negociar en el marco del plan estratégico y del convenio colectivo único (otra de las certezas), “del que tenemos acuerdo en dos terceras partes”, dijo.

Incluso, fue preguntada (por el portavoz más incisivo esta mañana, el isleño Javier Cano, de Ciudadanos) por la posibilidad de que la Sexta Flota de EEUU pudiera recalar en Rota y Navantia hacerse cargo de la reparación de sus buques. “Si la Armada norteamericana lleva más barcos a Rota y quieren que nos encarguemos, nos presentarán oferta”, ha dicho.

Otra realidad que ha salido de boca de los mandatarios de la SEPI y de Navantia ha estado referida a la práctica desaparición (al menos, de momento) de la construcción civil en los astilleros públicos. De hecho, Susana Sarriá ha detallado que, por detrás de la fabricación militar para Defensa (y otras Armadas de países extranjeros), “el complemento” serán la industria eólica offshore y las reparaciones.

De su discurso ha podido extraerse el mensaje de que la aceptación de encargos civiles de años atrás no han servido para equilibrar los balances de la empresa (en clara referencia al quinto petrolero) y que el mercado, lejos de avanzar en este sentido, se ha estancado. Habrá que ver cómo encaja esta certeza el astillero de Puerto Real, cuyo comité de empresa lleva años insistiendo en recuperar la fabricación de barcos civiles o, como último extremo, la construcción dual.

Tampoco se ha olvidado la presidenta del astillero de Reparaciones de Cádiz. Además de alabar el crecimiento experimentado con los cruceros en los últimos años, “y que vamos a reforzar”, Sarriá ha dicho que “aquí será importante la sustitución de los operarios” que salgan por edad.

Susana Sarriá también ha abierto la puerta a, dentro del marco de la normativa de Defensa de la Unión Europea, trabajar con otros países comunitarios de forma conjunta.

Por último, la formación. La máxima dirigente de la empresa pública ha asegurado que se pondrá en marcha un plan formativo para la plantilla (la actual y la que se incorpore), que será reglada pero también a demanda según las necesidades de cada gremio, para que logren la certificación que se requiera en cada caso. También ha afirmado que será necesario que la industria auxiliar participe de este proceso.