Peinado, imputada por posible delito contra la Administración Pública

Maribel Peinado (PA), alcaldesa de Puerto Real, tendrá que declarar ante el juez para "ser oída en calidad de imputada" por un posible delito contra la Administración Pública. Junto a ella, tendrá que hacerlo la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Parrado, también del PA. La denuncia que ha motivado la imputación fue presentada el 31 de julio de 2014 por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceite y Grasas Comestibles (Geregras).

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos denunciados pueden ser constitutivos de dicho delito, por lo que se admite a trámite la querella presentada por Geregras, y ambas han sido citadas a declarar el 8 de octubre en el juzgado puertorrealeño.

El asunto denunciado se remonta a febrero de 2012, cuando el Ayuntamiento de Puerto Real firmó un convenio con la empresa Biouniversal para la recogida y gestión del aceite usado. En el momento de la firma se presentaron los nuevos contenedores y el sistema que se utilizaría para que se depositase en ellos el aceite procedente de los hogares. Entonces no se habló de los establecimientos hosteleros, que también forman parte del convenio, y es ahí donde radica el conflicto.

Así, según expone la asociación en la denuncia, en un documento firmado por la alcaldesa, se informa a los comerciantes y hosteleros que el servicio de recogida selectiva de aceites procedentes de Horeca, en virtud de este convenio, va a ser prestado por la empresa Biouniversal "en exclusiva".

A partir de ese momento, una de las empresas gestoras de residuos que trabajaba en Puerto Real, Verdegras, envió un escrito al Ayuntamiento de la localidad advirtiendo de "las flagrantes irregularidades cometidas al confundir el interés general de la administración pública con el interés privativo de una empresa". Además, se añadía que "las medidas tomadas por el Ayuntamiento al enviar a la Policía Local a informar a los hosteleros, resultaban coactivas".

Pero, según se recoge en la denuncia, esto no frenó la actuación del Ayuntamiento, que volvió a enviar otro comunicado a los restauradores de Puerto Real, esta vez, firmado por Beatriz Parrado en calidad de concejala de Medio Ambiente. En esta nueva misiva, según la denuncia, "se amenaza con ser sancionados si no se accede a la forma impuesta por el Ayuntamiento", que suponía que estos dejarían de percibir la cantidad económica que obtenía de su venta a gestores autorizados, que "también han sido amenazados con sanciones por parte de supuestos funcionarios del área de Medio Ambiente". Precisamente, el gerente de la empresa Verdegras, también ha sido citado a declarar el próximo 8 de octubre, aunque en calidad de testigo y no de imputado.

Estos hechos, juntos con otros episodios que se detallan en la denuncia, han sido considerados por Geregras como "indicios suficientes para considerar que ha existido un presunto delito de prevaricación", y la jueza lo ha admitido.