Los administradores de Delphi tomarán medidas contra Redelsur

La acusación formulada por la empresa Redelsur (que fue precintada por la Guardia Civil por presunto delito contra el medio ambiente) en la que afirmó que en caso de haberse cometido alguna infracción en estas instalaciones "la responsabilidad habría sido de la administración concursal de Delphi, que ha sido la encargada de limpiar todo el subsuelo", acabará también en los juzgados. Según ha podido saber este periódico, la administración concursal habría usado ya estas declaraciones para emprender acciones legales contra Redelsur

Hay que recordar que esta fábrica, que pretendía levantar en los terrenos de la antigua Delphi un complejo medioambiental, fue cerrada por la Benemérita al comprobar, según indicó, restos de hidrocarburos en la depuradora de Puerto Real, restos que habrían sido depositados en la red de saneamiento. Además, su gerente y su máximo responsables quedaron imputados por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Ayer, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil, volvía a referirse a este asunto, y aprovechó su comparecencia en rueda de prensa para pedir "prudencia" en el caso de la planta de Redelsur, donde hay una investigación con expedientes abiertos. Explicó el delegado que "en los próximos días depuraremos responsabilidades hasta las últimas personas que tengan responsabilidad", ya que "en este asunto es en lo que está la Junta con la Guardia Civil".

López Gil recordó que hay un expediente que sigue su curso y por otra parte está el expediente sancionador. En este sentido, según fuentes de la Junta, la empresa podría enfrentarse a sanciones que rondan los cuatro millones de euros, lo cual se determinará una vez esté resuelto el mencionado expediente.

El delegado de la Junta manifestó que "hemos sido colaboradores desde el primer momento con la Guardia Civil en la investigación de las denuncias que nos llegaban en relación con Redelsur y somos muy prudentes con esa investigación". En este sentido, añadió que "en principio, las pruebas son evidentes y han llevado a que la Guardia Civil precinte la instalación". "Lo que queremos es que no se vuelva a producir y que se sancione a la empresa si se demuestra que eso es como está en el expediente", dijo el delegado de la Junta.

En cuanto a la alegación de la empresa diciendo que la situación era anterior a su llegada, López Gil afirmó que "desde hace varias semanas se está haciendo esa investigación por parte de los técnicos, pero en cualquier caso se dan dos situaciones diferentes: una, la que ha ocurrido en este momento; y otra, la que pudo ocurrir en el momento previo a la investigación".