"Las casas ilegales me han dejado en un callejón sin salida"

"Me encuentro en un callejón sin salida: o derribo las 30 viviendas ilegales con orden de demolición o tengo que enfrentarme a la Justicia por desobediencia y desacato". Después de "varios meses" dándole vueltas a este dilema personal, Antonio Peña (PP) ha acabado resolviéndolo con su dimisión como alcalde de Chipiona tras cinco años en el cargo.

Lo contó ayer en rueda de prensa arropado por todos los concejales del Gobierno local. El regidor chipionero recordó que desde que accedió a la Alcaldía tuvo que afrontar el problema de las casas irregulares, cuyos primeros expedientes judiciales datan de 2003. Entre las viviendas con sentencias de derribo "inminente" hay segundas residencias, pero también hogares de "familias que se quedarían en la calle". Son casas pertenecientes a "barriadas" en las que el resto de las viviendas "ni siquiera tienen denuncias". Esta situación "totalmente injusta" llevó al Gobierno municipal a "buscar soluciones", como modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero "casi todo ha caído en saco roto". "Ahora estamos pendientes de una nueva modificación del PGOU, que, de salir adelante, permitiría legalizar algunas viviendas, pero, incluso en ese caso, seguiría pesando sobre ellas las sentencias de demolición", comentó.

El alcalde explicó que las casas en cuestión "no afectan al territorio, porque no se encuentran en zonas especialmente protegidas, de inundaciones o en una situación que obligue de manera lógica a demolerlas. Simplemente, tuvieron la mala suerte de ser denunciadas, a diferencia de muchas otras que no lo fueron". Ni siquiera las normas específicas que ha aprobado la Junta de Andalucía en los últimos años han permitido dar una salida a esas construcciones, según lamentó.

Más allá del punto de vista "legal", Peña aludió a la cuestión "moral" de ese dilema: "es muy difícil que alguien se pueda acostar tranquilo pensando que ha demolido la vivienda de una familia, echándola a la calle y, encima, cobrándole la factura del derribo". "Moralmente no me veo en condiciones de llevar a cabo las demoliciones y legalmente, si no las ejecuto, tengo que enfrentarme a la Justicia, algo a lo que no estoy dispuesto", afirmó.

Abundando en esta reflexión, el regidor popular manifestó que "en general, los políticos estamos en una situación complicada de tremenda inseguridad jurídica. Desgraciadamente, muchas veces lo justo no siempre es legal. Hay un enfrentamiento entre la legalidad y la justicia, y yo me presenté para ser alcalde con el objetivo de hacer justicia y no para ser el más legal del mundo".

A la persona que le suceda en el cargo le deseó que "sea capaz de buscar soluciones a un problema que yo no he conseguido resolver después de cinco años de trabajo". A este respecto, añadió que su relevo "tendrá casi la misma dificultad que yo", si bien apuntó que la nueva modificación del PGOU "puede dar respuesta a muchas de estas 30 viviendas" y "la persona que entre en la Alcaldía tendrá que solicitar a los juzgados una moratoria para permitir que, por lo menos, los núcleos de asentamientos que se puedan desarrollar lo hagan y, de este modo, propiciar la legalización".

Por otro lado, respondió al PSOE provincial que todavía no hay sentencia en el caso Uniformes y que, si le resulta desfavorable, la recurrirá, de manera que en el ámbito judicial "no hay nada que me obligue a presentar mi dimisión". Insistió en que su renuncia se debe a "los problemas que podría tener con la Justicia" a causa de las viviendas ilegales, si permaneciera en el cargo.

En cuanto a la reacción del PP provincial, comentó que "no desea que me vaya, pero no tengo más remedio". También se refirió a la oposición municipal, que suman un concejal más que el PP (8), dados los cinco del PSOE y los cuatro de IU. Aparte de destacar que ha encontrado "muchísima colaboración" por parte de ambas formaciones políticas, entablando un diálogo más fluido con la coalición izquierdista, respondió a los medios que espera que sigan manteniendo la "coherencia" de "aceptar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de Chipiona" y permitan que el PP continúe en la Alcaldía.

Los populares chipioneros aún no han decidido a quién proponer como candidato. Suenan los nombres de Manuel Rodríguez e Isabel Jurado, que ocupan el segundo y cuarto lugar en la lista electoral del PP. Peña continuará de alcalde en funciones hasta la celebración del próximo pleno municipal ordinario, previsto para el 20 de octubre. En esta sesión se despedirá de la Corporación. A partir de entonces, la primera teniente de alcalde, Davinia Valdés, estará al frente del Ayuntamiento hasta la convocatoria del pleno de elección del nuevo regidor en un plazo de diez días.