Galería del crimen | Capítulo 22
Por el honor de nuestra vecina
Reclamación sindical
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj) ha denunciado a través de un comunicado un nuevo intento de "aumentar la politización de la Justicia" por parte de los poderes públicos implicados en esta administración.
Según Staj, en una maniobra en la cual la mayoría de grupos políticos han desoído las reclamaciones de todos los funcionarios, y tras meses de negociaciones entre ellos nada transparentes, "en las que a los sindicatos se nos ha ocultado la realidad e incluso mentido descaradamente", finalmente en la Comisión de Justicia del pasado 24 de octubre se ha aprobado, con el voto favorable de todos los grupos excepto de Ciudadanos, el grueso de las enmiendas presentadas por el PP a la Proposición de Ley para la modificación de la Ley Orgánica del Poder judicial.
Para el sindicato, la aprobación de esta modificación legislativa "pone en serio riesgo la independencia judicial", ya que, a su entender, "lo que pretenden es crear un entramado de control con numerosos cargos de libre designación: uno en cada provincia y otro en cada ciudad, dependiendo todos directamente del ministerio de turno". Así, "el riesgo de intromisión del poder político en los juzgados mediante este mecanismo es evidente al depender de éste la designación de dichos cargos".
En el comunicado hecho público por Staj, el sindicato explica que "el verdadero problema de esta nueva reforma es que dichos cargos podrán elegir a su libre albedrío sobre el personal de Justicia destinado en las oficinas judiciales, sin ningún tipo de criterio ni justificación". Staj recuerda que ese personal es el responsable de actividades tan delicadas y sensibles como la tramitación procesal de las investigaciones en sumarios secretos de corrupción de partidos o personalidades políticas, por ello "es imprescindible preservarlo de cualquier posible manipulación o injerencia de origen político".
En definitiva, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia critica "la total discrecionalidad en la asignación de puestos y funciones" que conlleva la referida modificación legislativa; "una discrecionalidad que deja la puerta abierta a la arbitrariedad y que necesitamos evitar a toda costa para mantener un sistema judicial libre de intromisiones".
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