Ayuntamiento y Junta no se entienden mientras el colegio Río San Pedro se anega cuando llueve

Puerto Real/La delegación de Educación y el Ayuntamiento de Puerto Real no se entienden. Tres semanas después de que el temporal Bernard causase daños de consideración en centros educativos como el colegio Río San Pedro y la Escuela Infantil Elvira Lindo, ninguna de las administraciones ha entendido como suya la responsabilidad de intervenir en estos centros, cuya actuación se antoja urgente.

Este lunes, la delegada de Educación, Isabel Paredes, y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, se reunieron. El objetivo era precisamente aclarar de quien era la responsabilidad de estas actuaciones. Sin embargo, las declaraciones de ambas al término del encuentro hacen ver que el asunto aún no está claro, y que se sigue intentando determinar si se trata de un problema de mantenimiento o estructural. Así, mientras unos y otros sacan leyes e informes, la comunidad educativa del colegio Río San Pedro no guarda las fregonas ni los cubos con los que recogen el agua que acaba anegando el centro cada vez que llueve. Ya se sabe, eso de ‘unos por otros y la casa sin barrer’, o el colegio sin secar, en este caso.

En la reunión que Junta y Consistorio mantuvieron el lunes se pusieron sobre la mesa los aspectos jurídicos que determinan el marco de actuación de ambas administraciones en esta materia. En esto hay algo claro: la conservación y mantenimiento de los inmuebles es una competencia municipal.

Hasta ahí todos están de acuerdo. Pero, ¿son los daños del temporal una cuestión de conservación? La Junta recuerda que cuando los desperfectos producidos en el inmueble requieren de actuaciones por valor inferior al 50% del valor catastral del edificio es el Ayuntamiento quien debe afrontarlo.

El Ayuntamiento, por su parte, entregó a la delegada territorial los informes municipales, tanto del servicio de Infraestructuras como del de Intervención, que aclaran que el arreglo de los desperfectos en los citados centros excede de la conservación y el mantenimiento a los que está obligado el Ayuntamiento. Las conclusiones técnicas apuntan a que “son obras de carácter estructural, ya que deben sustituirse elementos estructurales por completo, catalogándose en este sentido como obras de reparación, que requieren de la elaboración previa de proyecto técnico”.

En el comunicado que este lunes emitió la Junta, se aseguraba que los representantes de ambas administraciones y los representantes de las AMPAS de Puerto Real (que también asistieron al encuentro), así como los directores y técnicos municipales y de Desarrollo Educativo habían planteado las “posibilidades al alcance”, en la voluntad conjunta de garantizar la seguridad y calidad de vida en las aulas.

Sobre esto, la alcaldesa ha declarado este martes que “Isabel Paredes y su equipo recogieron el documento con el compromiso de estudiar el razonamiento expuesto por el Ayuntamiento”. En este sentido, la alcaldesa apela a la obligación de las Administraciones de colaborar entre ellas para garantizar los derechos de la comunidad educativa: “por nuestra parte vamos a trabajar duramente por cumplir las tareas que la Ley nos asigna en materia de mantenimiento de centros educativos, pero esperamos lo mismo de la Junta de Andalucía”.

Además de esto, la alcaldesa de la ciudad ha anunciado que este mismo año se realizará una fuerte inversión municipal, de unos 380.000 euros, para el arreglo general de todos los centros educativos de titularidad pública.