Maribel Peinado (PA), condenada a dos años y medio de inhabilitación
Tribunales
El juez ve acreditado que la actual vicepresidenta de la Diputación dejó de proporcionar información a la oposición "de manera intencionada" cuando era alcaldesa de Puerto Real
El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz ha condenado a la andalucista Maribel Peinado, actual vicepresidenta segunda de la Diputación, a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, cargo que ocupó desde 2011 hasta 2015. En concreto, el juez le imputa un delito continuado contra los derechos civiles.
La sentencia, que no es firme, recoge como hechos probados que Maribel Peinado dejó de suministrar "de forma sistemática" información sobre asuntos de Puerto Real a los grupos de la oposición, ya fuese por escrito o de manera verbal en los plenos, "con la finalidad de impedirles realizar su tarea de forma eficaz". Las peticiones de información formuladas eran, sobre todo, de índole económico, como dietas, indemnizaciones, presupuestos para obras municipales o facturas, entre otras.
Así, la que fuera portavoz del PSOE de Puerto Real, Ana Mosquera -cuya denuncia ante la Fiscalía dio origen a este caso-, solicitó "en reiteradas ocasiones" información relevante para su labor de oposición y el desarrollo de sus funciones como concejal, frente a las cuales la ex regidora andalucista "de forma voluntaria y conociendo que incumplía sus obligaciones, bien no las contestaba, bien lo hacía con evasivas o retrasando de tal modo la respuesta que la misma resultaba ya inútil".
Maribel Peinado procedió "del mismo modo" respecto a varias de las peticiones de información realizadas por el concejal de Equo Iván Canca.
El magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, Juan Sebastián Coloma, considera pues acreditado que la andalucista, "de manera constante y reiterada a lo largo de su legislatura", dejó de cumplir su deber de informar a los miembros de otros grupos políticos, "mermando de ese modo la posibilidad de hacer oposición útil". Vulneró "el derecho a la participación en los asuntos políticos [...] en condiciones de igualdad", apunta la resolución judicial.
La "reiteración" en esta falta de transparencia y los "mecanismos de obstaculización" empleados por Peinado (como no contestar, remitir a las cuentas generales que se sabe que se publicarán con mucha demora o considerar, en una interpretación sesgada, que las respuestas deben prorrogarse hasta que se aprueben las actas del pleno) "no pueden considerarse sino acciones intencionadas".
Durante su declaración en el juicio, la ex alcaldesa puertorrealeña manifestó que los dos denunciantes, la socialista Ana Mosquera y el ecologista Iván Canca, "no tenían ningún interés en las preguntas y solicitudes que hacían", sino que las planteaban "con fines políticos para desacreditarla". En este punto, el juez no pone en duda "el uso partidista" de la denuncia, pues incluso Mosquera y Canca admitieron la utilización de la querella como arma política. Ahora bien, según el magistrado, "ello no obsta a que si se cometió un delito, como entendemos que se cometió, deba ser objeto de sanción penal".
La actual vicepresidenta de la Diputación ya ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial de Cádiz esta sentencia que la inhabilita por dos años y medio para el cargo de alcaldesa, teniente de alcalde, concejala así como para cualquier otro cargo electivo de ámbito local, autonómico, estatal o europeo.
Por otro lado, la ex alcaldesa andalucista también tiene pendiente la apertura de otro juicio en relación al caso de los Aceites Usados. Maribel Peinado y otros siete ex concejales andalucistas están siendo investigados por un delito de prevaricación administrativa tras firmar un convenio de exclusividad con la empresa Biouniversal para la recogida de aceite usado en Puerto Real, lo que imposibilitó que el resto de empresas autorizadas pudiesen trabajar en esta materia en esa localidad.
Peinado dimite a medias y anuncia que recurre la sentencia
Maribel Peinado anunció ayer por la tarde, tras conocerse su condena, que renuncia a sus cargos de gobierno en la Diputación de Cádiz, aunque no dejará sus actas de diputada provincial y concejal de Puerto Real al no ser firme aún la sentencia. La ex regidora puertorrealeña insistió ayer en su inocencia y anunció que presentará recurso a la Audiencia Provincial porque entiende que su gestión "no ha vulnerado ningún precepto penal". "Tengo confianza en que este caso finalmente reflejará la verdad de lo sucedido y estoy determinada a recurrir la sentencia y agotar las vías de defensa que nos permite el sistema judicial", dijo antes de precisar que dimite de vicepresidenta y que abandona el gobierno provincial "en aras de la estabilidad de la institución y como muestra de mi compromiso a la gestión que venimos realizando".
La reacción de Peinado se produjo pocas horas después de que el portavoz del PP, José Loaiza, exigiera públicamente a la presidenta de la Diputación, la socialista
Irene García, "el cese inmediato" de la ex regidora puertorrealeña. Loaiza reclamó a García "que depure responsabilidades porque la condena de la vicepresidenta socava más aún la credibilidad de la institución, que ha vuelto con el PSOE a estar bajo sospecha de enchufismo y sectarismo en este mandato". "Irene García no puede mantener la confianza en quien está condenada judicialmente, cuando la sociedad reclama a sus representantes públicos conductas ejemplares", apuntó.
El gobierno de Irene García, que ahora queda en minoría tras pasar Maribel Peinado a la oposición, optó ayer por guardar silencio, limitándose a precisar que aceptaba la renuncia de la dirigente andalucista.
Mientras tanto, en Puerto Real, el partido Equo lanzó un comunicado en el que considera que se "ha hecho justicia" y se pregunta ahora "cuál será en adelante la actitud de los andalucistas, que llevan toda la legislatura dando lecciones de transparencia". Desde Equo manifiestan que "por coherencia política, y aunque la sentencia no sea aún firme, la vicepresidenta de Diputación debería dimitir de todos sus cargos".