Maribel Peinado, al banquillo por segunda vez

Cádiz/El caso de los Aceites es la segunda causa que sienta a la ex regidora andalucista puertorrealeña en el banquillo de los acusados. Maribel Peinado fue procesada y condenada en junio de 2018 a dos años y medio de inhabilitación por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, cargo que ocupó desde 2011 hasta 2015.

La sentencia dictada hace casi un año por el magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz estimó probado que Maribel Peinado dejó de suministrar "de forma sistemática" información sobre asuntos de Puerto Real a los grupos de la oposición, ya fuese por escrito o de manera verbal en los plenos, "con la finalidad de impedirles realizar su tarea de forma eficaz". Las peticiones de información formuladas eran, sobre todo, de índole económico, como dietas, indemnizaciones, presupuestos para obras municipales o facturas, entre otras.

A raíz de esta primera condena, que no es firme y está recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, Peinado abandonó la vida política. Primero dejó la vicepresidencia de la Diputación y después renunció a su acta de concejal en Puerto Real.

La denuncia como arma política

La condena a Peinado llegó a partir de la denuncia que presentó ante la Fiscalía la que fue portavoz del PSOE de Puerto Real, Ana Mosquera. La socialista, expone la sentencia condenatoria de primera instancia, demandó "en reiteradas ocasiones" información relevante para su labor de oposición y el desarrollo de sus funciones como concejal, frente a las cuales la ex regidora andalucista, "de forma voluntaria y conociendo que incumplía sus obligaciones, bien no las contestaba, bien lo hacía con evasivas o retrasando de tal modo la respuesta que la misma resultaba ya inútil".

Maribel Peinado procedió "del mismo modo" respecto a varias de las peticiones de información realizadas por el concejal de Equo Iván Canca.

Durante su declaración en el juicio, la ex alcaldesa puertorrealeña manifestó que los dos denunciantes, la socialista Ana Mosquera y el ecologista Iván Canca, "no tenían ningún interés en las preguntas y solicitudes que hacían", sino que las planteaban "con fines políticos para desacreditarla". En este punto, el juez no puso en duda "el uso partidista" de la denuncia, pues incluso Mosquera y Canca admitieron la utilización de la querella como arma política. Ahora bien, según el magistrado, "ello no obsta a que si se cometió un delito, como entendemos que se cometió, deba ser objeto de sanción penal".