El juicio a Maribel Peinado por el caso de los Aceites se aplaza a noviembre

Puerto Real/El juicio a Maribel Peinado, ex alcaldesa de Puerto Real por el extinto Partido Andalucista y ex vicepresidenta de la Diputación de Cádiz, por el caso de los Aceites Usados ya tiene fecha de celebración. Será los días 23, 24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2020 en el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz. Es la nueva fecha después de que la prevista para el mes de abril tuviese que aplazarse a causa de la situación de emergencia sanitaria.

La Fiscalía pide para la ex regidora puertorrealeña y para seis de los ediles que formaban parte de la Junta de Gobierno Local de Puerto Real durante la legislatura 2011-2015 ocho años de inhabilitación para cargo electo. De entre todos ellos, solo el concejal Manuel Izco continúa activo y ocupando un cargo en el Gobierno de Puerto Real en la formación Andalucía por Sí, que gobierna junto al PSOE

Este caso nació a partir de la denuncia de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles, Geregras, colectivo que consideró que la firma del convenio que Peinado suscribió con la empresa Biouniversal, S.L para la recogida de aceite usado en Puerto Real impedía que el resto de empresas debidamente autorizadas pudiesen trabajar en la localidad.

Eso fue entendido por Geregras como un acto que vulneraba la libre competencia de mercado, además de suponer posibles irregularidades en la concesión. Aunque fue Peinado quien consignó el convenio y su posterior ampliación para incluir, además del aceite usado doméstico, el procedente de la hostelería, el asunto salpicó a un funcionario de la Delegación de Medio Ambiente (que elaboró un informe dando el visto bueno a la conveniencia de firmar dicho convenio) y a seis concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que ratificó la firma: José Antonio Ayuso, Juan Carlos Martínez, Flores Domínguez, Jesús Plaza, Francisco Javier Traverso y Manuel Izco.

Según expone la fiscal en sus conclusiones provisionales, la ex alcaldesa, junto al resto de acusados, de común acuerdo y "guiados por el ánimo de favorecer de manera arbitraria a Biouniversal", realizaron las gestiones necesarias para adjudicar "un monopolio" con "absoluto desprecio" a las normas administrativas y legales de contratación pública e impidiendo la posibilidad de obtener el contrato a otras empresas del sector.Eso fue lo que provocó la denuncia de Geregras.

La fiscal también considera que se optó por el convenio para evitar la participación de terceros, ya que Biouniversal no superaría el proceso "al carecer al tiempo de suscribir el convenio de las autorizaciones necesarias para prestar la totalidad del servicio".

La acusación pública considera que, en el caso de los Aceites , todos los procesados son responsables de un delito de prevaricación y solicita para cada uno de ellos ocho años de inhabilitación para el cargo electo. Por su parte, las acusaciones particulares, ejercidas por Geregras y Equo, han solicitado hasta 14 años de inhabilitación. En el caso de la asociación de empresarios, se amplía también la inhabilitación para cargo público.