Tirón de orejas de la Cámara de Cuentas a los ayuntamientos de Cádiz de por no rendir cuentas a tiempo

La Cámara de Cuentas de Andalucía vuelve a suspender a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz por su excesiva relajación a la hora de rendir sus cuentas, especialmente los municipios de mayor tamaño.

De los 44 municipios existentes -sin contar San Martín del Tesorillo, que se independizó este año-, sólo doce presentaron el balance de 2017 en tiempo y forma. Esto supone el 27% de los municipios y es el porcentaje más bajo de toda Andalucía, que a su vez es la comunidad más incumplidora de España, según el Informe Anual sobre la Rendición de Cuentas del Sector Público Local Andaluz correspondiente al ejercicio 2017.

El desinterés es evidente entre los ayuntamientos de mayor tamaño. Cádiz, Jerez, el Puerto, San Fernando y Sanlúcar aún no han presentado la cuenta general de 2017, mientras que Algeciras y Chiclana lo hicieron fuera de plazo. También incumplió con el límite temporal la Diputación de Cádiz, que rindió sus cuentas de 2017 el pasado 4 de febrero. El caso de Puerto Real es el más flagrante, porque es junto a Zahara el único municipio que no ha rendido sus balances de 2015, 2016 y 2017.

La situación no es mucho mejor en las Entidades Locales Autónomas (ELA). Sólo San Martín del Tesorillo -la Cámara de Cuentas aún la incluye entre las ELA al referirse a ejercicios anteriores a su segregación de Jimena- está al dia de sus obligaciones. Ninguna de las siete que dependen de Jerez -El Torno, Estella, Guadalcacín, La Barca de la Florida, Nueva Jarilla, San Isidro y Torrecera- han rendido las cuentas de 2015, 2016 y 2017. Tampoco lo ha hecho Zahara de los Atunes, mientras que a Tahivilla sólo le falta las de 2017.

Escaso cumplimiento

A nivel andaluz, menos de la mitad de los entes dependientes de la administración local -en concreto, el 40,25%, un total de 359- rindió la Cuenta General de 2017, y únicamente el 29,43% de los 778 ayuntamientos andaluces --un total de 229-- lo hizo en plazo.

No obstante, el porcentaje de ayuntamientos andaluces que ha rendido la Cuenta General antes de la finalización de los trabajos de campo del informe de la Cámara de Cuentas -el 31 de mayo de 2019- asciende al 41,40% -un total de 326--, según ha informado el órgano fiscalizador este lunes.

Desde la Cámara de Cuentas se considera "especialmente destacable el bajo nivel de rendición" que se obtiene en las provincias de Cádiz y Sevilla, "fundamentalmente, de los ayuntamientos de mayor población", mientras que, por el contrario, la provincia de Jaén es la que presenta los niveles más altos de rendición.

Además, la Cámara de Cuentas llama la atención acerca de que Andalucía es "la comunidad autónoma con el nivel de rendición significativamente más bajo de toda España". Ante este grave incumplimiento, el Tribunal de Cuentas, aprobó la formulación de requerimientos conminatorios a los alcaldes de 22 ayuntamientos andaluces de más de 5.000 habitantes y a la Diputación de Cádiz, para que procedieran a rendir las Cuentas Generales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, que, a dicha fecha, se encontrasen pendientes.

En el caso de los municipios gaditanos, los requerimientos se dirigieron a Algodonales, Arcos, Barbate, El Puerto, Jerez, Medina Sidonia, Prado del Rey y Puerto Real. Al cierre del trabajo de campo, el pasado 31 de mayo, "todas las entidades requeridas habían remitido las cuentas, hasta la correspondiente al ejercicio 2016", salvo Puerto Real. Por su parte, la Diputación de cádiz sólo había rendido las cuentas del ejercicio 2017.

Recomendaciones

Desde la Cámara de Cuentas "se considera conveniente reducir los plazos de tramitación y rendición de la Cuenta General de las entidades locales, de forma que sea posible aproximar la rendición de cuentas y, por tanto, el suministro de información contable y su control, a la gestión a la que hacen referencia".

También se recomienda "instar a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica a promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional", así como "a los órganos competentes de las administraciones estatal y autonómica a reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales".

Igualmente, el órgano fiscalizador aboga por condicionar el cobro de "subvenciones, ayudas o transferencias de otras administraciones públicas a favor de las entidades locales, a la efectiva rendición de la Cuenta General".

También propone que pueda imponer multas, "como ocurre en otras comunidades autónomas, en caso de incumplimiento de la obligación de rendición de cuentas o de falta de colaboración en el suministro de información requerido por esta institución, en su tarea fiscalizadora".