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Otra agresión a sanitarios en Puerto Real: "Insultó y amenazó de muerte empuñando una tijera"

El sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado la agresión sufrida por profesionales del centro de Salud Ribera del Muelle de Puerto Real

La acompañante de una paciente estampa contra una puerta a una auxiliar de enfermería del hospital de Puerto Real

Una protesta contra las agresiones en el Centro de Slaud Ribera del Muelle / C. P.

Puerto Real/El Sindicato de Enfermería SATSE vuelve a lamentar y rechaza otra agresión producida la tarde del pasado miércoles en el Centro de Salud Ribera del Muelle del Puerto Real, perteneciente al Distrito Bahía de Cádiz-La Janda.

Según los datos facilitados por los propios profesionales, un usuario agredió verbalmente a dos médicos residentes y dos enfermeros que salieron en su ayuda, con insultos y amenazas de muerte, y que incluso buscó unas tijeras para agredir a los profesionales. Según relata el sindicato, “se le invitó a salir de la consulta y se avisó a la policía, que tardó unos 20 minutos en acudir, cuando ya por desgracia el agresor se había marchado”.

Ante esta situación, el sindicato lamenta que la gerencia del Distrito “se limita a convocar concentraciones de repulsa ante cada agresión”. Sin embargo, SATSE advierte de que esto no es suficiente. “Hay que tratar el problema en su origen, siendo conscientes que es un problema complejo. Los usuarios están frustrados por tener que esperar grandes colas y listas de espera para ser atendidos y al final pagan su enfado con los profesionales que lo atienden de primera mano. Lo que no es de recibo es que cada vez haya más recortes de contratos de enfermeros, y esto repercuta en la crispación de los usuarios que no pueden ser atendidos con los criterios de calidad que se merecen”.

Una vez más, insisten en que los profesionales sanitarios no son responsables de la “mala gestión” de los recursos de la administración sanitaria. “Es lamentable que día tras día, nuestros profesionales tengan que acudir con miedo a trabajar. La Dirección del Distrito Bahía de Cádiz La Janda es la responsable de proteger a sus trabajadores y la mala gestión con políticas economicistas, basada en recortes y cierres, nunca va a conseguir poner fin a esta lacra”, manifiestan.

Con respecto a las demandas que ya han exigido sobre vigilancia de seguridad en los centros de salud, recuerdan que el Plan de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud, contempla “que se dimensionen las plantillas de vigilantes de seguridad, de manera que se garantice un apoyo rápido y efectivo, siendo necesario que tengan capacidad para la retención e inmovilización de los agresores, si llegase el caso, hasta que llegue la Policía.”

Más medidas para prevenir agresiones

Es por eso que desde SATSE solicitan que el Distrito Bahía de Cádiz - La Janda contrate, además de los enfermeros necesarios para garantizar la atención, “los vigilantes de seguridad también necesarios para proteger a nuestros profesionales, pues es deber de toda Administración Pública proteger a su personal”.

También exigen que se vehiculicen las acciones necesarias para establecer un régimen sancionador más duro para los agresores. “Desde SATSE calificamos la situación como intolerable e insostenible. No se puede increpar, insultar, amenazar y mucho menos agredir a profesionales que simplemente cumplen con su trabajo. No se puede agredir al que te cuida. Es tal la humillación e indignación, que muchos de estos profesionales tienen que darse de baja por no poder soportar la situación”

Otro asunto al que hacen referencia es que, en la actualidad, cada comunidad autónoma contempla de manera independiente, diferentes estrategias, acciones o protocolos contra las agresiones, alguna de las cuales “se quedan en el papel, pero no existe una Ley que regule a nivel estatal las actuaciones necesarias, (prevención, sensibilización, información, apoyo…), para proteger a todos los profesionales y acabar con las agresiones”.

El Sindicato de Enfermería recuerda, además, que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como “delito de atentado” por los tribunales de justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos.

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