Los colectivos que atienden a la discapacidad participan en una marcha por la inclusión en Puerto Real

Puerto Real/En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la tarde de ayer se celebró en Puerto Real una marcha por la inclusión, en la que participaron usuarios de entidades sociales de la Villa como Asprodeme y la Asociación de personas con diversidad funcional ‘Las Canteras’.

La marcha, que dio inicio a las cinco y media de la tarde, arrancó en la Plaza de los Descalzos y recorrió la calle De la Plaza hasta llegar a la Plaza de Jesús. Una ven en la Plaza, frente a la Casa Consistorial, se guardó un minuto de silencio, como señal de protesta por la infrafinanciación de los centros que atienden a personas con discapacidad.

Esa reivindicación protagonizó la marcha por la inclusión, en la que muchos participantes portaron carteles en los que se recordaba que sin financiación no hay futuro, y exigiendo apoyos que garanticen la plena inclusión en la sociedad. En ese mensaje también incidió la alcaldesa, Aurora Salvador, que participó en el acto junto a la concejala de Derechos Sociales, Lorena Díaz. Ambas insistieron en que la marcha buscaba busca visibilizar y apoyar los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa.

Por un modelo de financiación más justo

Las entidades que atienden a las personas con discapacidad de toda Andalucía han elaborado un manifiesto con sus principales reivindicaciones, subrayando la necesidad de contar con una financiación más justa para los servicios y atención que ofrecen, que son esenciales para las personas con discapacidad.

En el manifiesto se pone de relieve también la importancia de realizar un estudio del coste de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su mantenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios.

Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.

Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional, a quien solicitan que se elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios.

El manifiesto deja claro que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos, y que sin estos servicios y atención que prestamos miles de personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan.