Visto y Oído
Broncano
Puerto Real/Con un minuto de silencio en memoria de Antonio Cruz, hijo adoptivo de Puerto Real que falleció a principios de esta semana, se inició el primer pleno ordinario del año en el Ayuntamiento de Puerto Real. La sesión se adelantó una semana debido a la coincidencia -el próximo jueves- con la celebración de Fitur en Madrid.
El principal asunto que se trató, llegando a la sesión por la vía de la urgencia, fue el cambio del modelo de gestión -hacia la municipalización- del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad, que actualmente se presta a través de una empresa concesionaria. El pleno respaldó con todos los votos a favor, a excepción de la edil no adscrita, Inmaculada Garrido, que se abstuvo, que se inicie el trámite para que la empresa municipal GEN asuma la gestión directa de un servicio en el que trabajan alrededor de 120 personas y que se presta a más de 400 usuarios.
El visto bueno a la aprobación inicial se dio después de que tomase la palabra Guenda Velasco, trabajadora del servicio que habló en representación del comité de empresa, quien agradeció el equipo de Gobierno el “paso valiente” que habían liderado para poner fin a “la vulneración de derechos que hemos sufrido con todas las empresas privadas que se han hecho cargo del servicio desde su creación”, dijo. Recordó la trabajadora las protestas que lideraron en el verano de 2022, que desencadenaron en 60 días de vigilia en la puerta de la Casa Consistorial y cinco días de huelga.
“Aún queda mucho por delante, pero para nosotras esto representa saber que no están abusando de nuestro trabajo, así que gracias al Gobierno y a los grupos de la oposición. También os trasmitimos el agradecimiento de los usuarios”, dijo. Además, aprovechó la ocasión para pedir a los grupos políticos el mismo posicionamiento en otros ayuntamientos que “también están en lucha por conseguirlo, como las compañeras de la ciudad de Cádiz”.
Aunque el agradecimiento de la plantilla fue generalizado, se detuvieron especialmente en el trabajo de la alcaldesa, Aurora Salvador; el concejal de Hacienda, José Alfaro, y la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz.
Fue esta última la encargada de presentar la moción, celebrando que “es un gran día porque damos un paso que, aunque no es definitivo, sí es decisivo”. Insistió en que el Gobierno local “siempre apostará por lo público y más en servicios que afectan directamente a la vida de la gente más vulnerable como es el caso de la dependencia”. Reconoció que la gestión directa supone asumir “una mayor responsabilidad”, pero al mismo tiempo celebró que se avance por una mayor “transparencia y eficacia”.
Sobre el aspecto económico detalló el ahorro de casi un millón de euros en las próximas cuatro anualidades, que servirán para “mejorar el servicio, la formación de sus trabajadoras y mejoras en sus condiciones laborales”.
La propuesta contó con el apoyo de los grupos de la Confluencia de Izquierdas, PSOE, AxSí, PP, Adelante y Vox. En todos los casos mostraron a las trabajadoras la mano tendida para seguir avanzando hasta la aprobación definitiva del cambio de modelo de gestión, que se deberá someter a votación una vez que finalice el plazo de exposición pública que se inicia ahora tras la aprobación inicial.
En el debate, el grupo socialista recordó que el proceso para la municipalización de este servicio se inició en el 2022. Fue, de algún modo, una respuesta que el PSOE daba a la representante del comité de empresa, que ensalzó el trabajo y el apoyo del actual equipo de Gobierno, “cuando el anterior Gobierno nos decía que la municipalización no era posible”.
Así, el portavoz del PSOE, Pedro Olmedo, manifestó que la intención siempre fue la municipalización, “pero entonces teníamos unos habilitados que realizaban informes negativos y contra eso no podíamos hacer nada. Ese cuerpo de habilitados ha cambiado y los informes ahora sí son positivos, por lo que no vamos a dudar en apoyarlo”.
Uno de las propuestas que más debate generó en la sesión fue la presentada por el PSOE para que “se respete el criterio de proporcionalidad en función del número de concejales obtenido por cada grupo político en las elecciones municipales, en el nombramiento de consejeros en las empresas públicas municipales”. Y es que, según explicó el edil socialista Carlos Salguero, la decisión “legal, pero ilegítima” del actual Gobierno local ha hecho que tengan en las empresas públicas una mayoría de representantes con la que no cuentan. En eso mismo insistió Andalucía por sí, recordando que hay consejos de administración en los que “han metido al PP con un solo concejal y no está AxSí que tiene cuatro”. De ahí que insistiesen en “el pacto oculto con la derecha”. La propuesta, que salió adelante por mayoría, contó con la negativa del equipo de Gobierno que, obviando el concepto de proporcionalidad de la moción, manifestó que para que los consejos tuviesen la misma representación plenaria deberían tener 21 consejeros y solo se admiten nueve.
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