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Este viernes, el Ayuntamiento de Puerto Real va a celebrar un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día. Se trata de una modificación presupuestaria de suplemento de crédito y crédito extraordinario, en la que se someterá a votación la propuesta del equipo de Gobierno (Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía) sobre el destino que tendrá el remanente de Tesorería (superávit) del presupuesto de 2022, que asciende a más de 15 millones de euros.
De ellos, se pretenden usar casi diez para el pago de sentencias judiciales, amortización de deuda del 2024, gastos de personal y, especialmente, para inversiones en la adquisición de tres grandes inmuebles. El resto, algo más de cinco millones, se mantendrá en el remanente por una cuestión de prudencia financiera.
Uno de los principales destinos de este remanente será la amortización de deuda. En concreto, la amortización de la deuda correspondiente al próximo ejercicio 2024, que ascenderá a 4.467.795 euros correspondientes a los tres préstamos a largo plazo pendientes a la fecha.
La propuesta del equipo de Gobierno incluye una partida para atender las retribuciones del personal municipal (de octubre a diciembre de 2023), el incremento del 0,5 % adicional y la contratación de personal para cubrir las necesidades urgentes del Consistorio.
Hacer frente a distintas reclamaciones judiciales es otro de los destinos del superávit. La más cuantiosa, de 1.360.035 euros, servirá para abonar la cantidad reconocida judicialmente a los trabajadores de los Planes de empleo autonómicos que fueron contratados por el Ayuntamiento de Puerto Real, y abonados conforme a la subvención otorgada en lugar del salario que por aplicación del convenio propio les hubiera correspondido.
También se pagarán hasta cuatro sentencias judiciales que recaen sobre la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), por una cuantía que roza los 390.000 euros. En ellas se incluye una sentencia firme del Tribunal Supremo, de marzo de 2019, que obliga al pago de 176.918 euros a ADIF en concepto de intereses.
Otra cantidad que también se destinaría a la EPSUVI es el pago de una factura a un proveedor de algo más de 32.000 euros, con la que se pretende reducir el periodo medio de pagos de la empresa pública que actualmente se encuentra en 2.206 días.
En la propuesta que se lleva a pleno sobre el destino que tendrá el remanente de Tesorería del 2022 aparecen cuatro propuestas para la compra de equipamiento municipal: La renovación de los focos del Teatro Principal (60.162 euros), la adquisición de focos para el Centro Cultural (30.000 euros), el suministro de un equipo de megafonía para el desarrollo de actos y eventos municipales (1.800 euros) y el suministro de monitores para los equipos informáticos de los trabajadores municipales (15.000 euros)
Uno de los principales proyectos que el equipo de Gobierno quiere iniciar gracias al remanente de Tesorería del 2022 es el de convertir la antigua bodega de Campuzano en un Centro avanzado en investigación y divulgación en Enología.
Sobre este asunto, el rector en funciones de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, y el decano de la Facultad de Ciencias de la UCA, Juan Carlos Hernández, mantuvieron recientemente una reunión con la alcaldesa, Aurora Salvador, para dar los primeros pasos hacia la materialización de un proyecto largamente meditado por la UCA.
El primer paso para que Puerto Real tenga ese centro pionero debe ser la compra de la bodega, actualmente de propiedad privada. Por ello se incluyen 897.805 euros, que es la cantidad en la que están valoradas las fincas de la calle Amargura 15 y calle Cruz Verde, 4.
Una de las principales pretensiones del equipo de gobierno es la de dar solución al problema que genera en el municipio la falta de viviendas sociales, cuya necesidad es urgente. Aunque la construcción es la pretensión inicial, se ha encontrado una oportunidad de acceder a ellas en un tiempo menor. El Gobierno local tiene intención de hacerse, a través de la EPSUVI, con una promoción de 14 viviendas situadas en la Avenida de la Diversidad, junto a Cruz de la Degollada.
El edificio en cuestión, es una promoción de viviendas que una vez finalizado, durante la crisis inmobiliaria, no se llegó a comercializar y acabo siendo ocupado por un grupo de personas que se hacía llamar ‘La Corrala’, en noviembre de 2015. Fue una ocupación que se produjo después de que estas personas abandonasen otro edificio, también ocupado, en la zona de Casines.
Actualmente ese edificio está vació, y el Ayuntamiento ha recibido una oferta de compra por 450.000 euros. No obstante, será necesaria una inversión adicional para las reformas necesaria para su habitabilidad, cuyo presupuesto roza el millón de euros (919.989 euros).
El remanente de tesorería del 2022 también podría dar solución a una vieja pretensión del Ayuntamiento, como es la de la ampliación del Archivo Municipal. Al menos, de iniciar el proyecto que pasa por hacerse con la finca colindante con el edificio municipal por la calle Santo Domingo. Sobre esta finca, situada en el número 21 de la calle, existe un expediente de expropiación para la determinación del justiprecio, que supondría un coste para el Ayuntamiento de 93.447 euros. La finca en cuestión tiene una superficie de 272 metros cuadrados.
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