Daniel Guzmán, condenado por agredir a unos jóvenes

Daniel Guzmán ha sido condenado por agredir a unos jóvenes que okupaban una de sus propiedades vacías en Madrid.

Daniel Guzmán disfruta del sol y la playa de Tarifa.

Daniel Guzmán, condenado por agredir a unos jóvenes
Daniel Guzmán, condenado por agredir a unos jóvenes

El actor Daniel Guzmán, conocido principalmente por su papel en la serie Aquí no hay quien viva, ha sido condenado por agredir a unos jóvenes que okupaban una de sus propiedades vacías en Madrid. La sentencia, dictada el 26 de junio de 2024, señala que los hechos ocurrieron en mayo de 2023 en una vivienda situada cerca de Casa de Campo, en el distrito Moncloa-Aravaca. Fue el medio El Santo el encargado de aportar más detalles sobre el caso.

Según la sentencia judicial, Guzmán accedió a su propiedad junto a cuatro hombres más, descritos como "bastante fuertes". Durante el altercado, los jóvenes okupas, cinco de 20 años y uno de cerca de 30, fueron agredidos físicamente mientras los agresores les pedían las llaves de la casa. Uno de los okupas logró grabar parte del incidente, y este video fue fundamental para la condena del actor.

Daniel Guzmán
Daniel Guzmán

Guzmán, que siempre negó haber participado en la agresión y que no asistió a la vista oral a pesar de haber sido citado, fue condenado a pagar una multa de 10 euros diarios durante dos meses, además de 350 euros en concepto de responsabilidad civil para el denunciante.

El caso ha causado sorpresa y controversia debido al conocido activismo social del actor. Los jóvenes okupas, que según se ha revelado, no sabían inicialmente quién era el propietario de la vivienda, se pusieron en contacto con Guzmán al descubrir su identidad, esperando encontrar comprensión debido a su historial de apoyo a causas sociales. Algunos de los okupas tenían trabajos estables, como cocineros, albañiles y trabajadores en la carga y descarga de camiones, lo que añade otra capa de complejidad al caso.

La reacción violenta de Guzmán contrasta fuertemente con los valores que promueve en sus redes sociales, y ha sido calificada como desproporcionada por los denunciantes. La condena ha levantado un debate sobre la coherencia entre las acciones privadas y públicas de las figuras públicas, y sobre cómo deben manejarse las situaciones de okupación de propiedades en un país con una acuciante crisis de vivienda.

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