Medicamentos veterinarios

Asisitimos a un profundo debate en el sector sanitario español, enfrentando a farmacéuticos y veterinarios en una polémica sobre la dispensación de medicamentos veterinarios a raíz de la aplicación del Real Decreto 666/2023. Mientras los veterinarios denuncian restricciones que, a su juicio, obstaculizan su labor, los farmacéuticos han defendido con fuerza y argumentos sólidos su papel en la cadena de suministro de medicamentos. Más allá del ruido mediático y las tensiones profesionales, hay una realidad que no se puede ignorar: la farmacia es la garantía de acceso seguro, trazabilidad y control de los medicamentos en nuestro país.

La farmacia comunitaria en España es un establecimiento sanitario y una institución esencial en la protección de la salud pública. Son profesionales sanitarios con una formación específica y extensa en farmacología, toxicología y gestión de medicamentos, lo que los convierte en los especialistas más capacitados para la dispensación responsable de fármacos, incluidos los de uso veterinario.

Hay que señalar que el citado Decreto reforzó este principio al clarificar que la dispensación es una actividad inherente a la farmacia, sin limitarla exclusivamente a los medicamentos sujetos a prescripción. Esta matización, defendida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y respaldada por el Tribunal Supremo, es clave para mantener un sistema sanitario eficiente, regulado y seguro.

Uno de los puntos centrales del conflicto es la restricción a los veterinarios para suministrar directamente los medicamentos a los propietarios de los animales. Si bien desde el sector veterinario se argumenta que esto agilizaría los tratamientos y evitaría retrasos, la realidad es que esta práctica conlleva múltiples riesgos.

El primero es la pérdida de control y trazabilidad en el seguimiento de medicamentos, algo crucial para gestionar problemas de seguridad. También aumenta el riesgo de un uso inadecuado debido a la ausencia del asesoramiento especializado que ofrecen los farmacéuticos, expertos en interacciones y efectos secundarios.

Otro grave problema derivado sería el incremento del riesgo de resistencia antimicrobiana, ya que una dispensación sin control riguroso podría fomentar el uso indiscriminado de antibióticos veterinarios. Finalmente, se produciría una competencia desleal y un conflicto de intereses al unificar prescripción y dispensación bajo una sola figura, lo cual atentaría contra principios básicos del modelo sanitario español, que mantiene separadas ambas funciones.

Desde la perspectiva del ciudadano, el modelo actual ofrece grandes ventajas en términos de accesibilidad, seguridad y control, gracias a la extensa red de farmacias españolas, especialmente importante en zonas rurales. Los sistemas informatizados de estas farmacias garantizan un adecuado control del stock, evitando desabastecimientos y asegurando la conservación óptima de los medicamentos. Permitir la dispensación directa por veterinarios fragmentaría este sistema y reduciría la seguridad sanitaria.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que eliminó la limitación sobre la dispensación de medicamentos veterinarios impuesta inicialmente por el decreto, fortalece el papel central de las farmacias y supone un triunfo para la seguridad sanitaria del país. Este fallo no perjudica a los veterinarios, sino que resalta y refuerza su papel clave en la prescripción y diagnóstico clínico, especialmente en la lucha contra la resistencia antimicrobiana, mediante el uso controlado y responsable de medicamentos veterinarios.

La normativa también ofrece mayor seguridad jurídica a los veterinarios, con reglas más claras que reducen ambigüedades legales y administrativas, potenciando así su desempeño profesional. Además, promueve el uso generalizado de la receta electrónica, mejorando la trazabilidad de medicamentos y agilizando los procesos administrativos.

En definitiva, esta polémica no debería entenderse como un enfrentamiento entre ambos colectivos, sino como una oportunidad para reforzar un modelo equilibrado en el que cada profesional ejerza su función específica. Los veterinarios son imprescindibles para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades animales, mientras los farmacéuticos aseguran la correcta dispensación, control y asesoramiento respecto a los medicamentos. La decisión judicial consolida este modelo, evidenciando que la farmacia no representa un obstáculo, sino una aliada fundamental para la sanidad veterinaria y la protección de la salud pública.