‘Afectados por el Amianto del Sector Naval’ busca un impulso a su causa

San Fernando/Hasta 69 socios tiene la Asociación del Sector Naval de Afectados por el Amianto Bahía de Cádiz que se creó a principios de año y que ha sufrido un frenazo por la pandemia del covid-19. A pesar de ello, el colectivo mantiene su intención de asesorar y resolver dudas a las personas que pueden estar afectados por haber respirado polvo de este mineral usado en la construcción de buques, en la construcción de edificios –incluidos de depósitos de agua– o en el sector de la automoción. Buscan ayudar a quienes estuvieron expuestos, a quienes han desarrollado alguna enfermedad vinculada con el también llamado asbesto; pero también reforzar la información a la ciudadanía en general ante ese uso extendido del material.

"El amianto se utilizó como aislante en los barcos, en las máquinas, en las calderas, en redes contraincendio, juntas, turbinas, durante muchos años. También se manipuló en las reparaciones, se retiraba y se ponía otra vez", explican Alejandro Zapata, presidente de la asociación, y su vicepresidente, Pepe Casas. Desde los años 60 hasta iniciada la década de los 80, con una incidencia alta en los 70, fue un material habitual en los talleres. Así que no solo quienes manipulaban el mineral estuvieron expuestos, también aquellos que compartían vecindad en los astilleros respiraron esta fibra. Hasta 1990 se siguió retirando este material de los buques. "Hoy ningún barco de la Armada tiene amianto, Defensa libró una partida importante para ello. Los últimos que lo tuvieron fueron el Malaspina y el Tofiño", señala Pepe Casas.

Casas hace mención a un acuerdo de 1958, 59 entre Estados Unidos y España, el "Acuerdo de la Amistad", por el que prestaba ayuda económica y militar al país. "Regalaron 33 barcos, algunos de la II Guerra Mundial, como el Dédalo, el Castilla y los destructores latinos, que se repartieron por Ferrol, Cartagena y San Fernando", añade. De ellos se retiró amianto, "mucha gente trabajó en eso, mucha afectada", advierte Zapata.

"Ninguna empresa cumplió la normativa con el tema del amianto que había desde el año 1960 o 61, incluso la Ordenanza General de Seguridad en el Trabajo del año 71, que dice que la empresa tenía que hacer muestreos ambientales cuando se manipulado el amiento, y no se hizo", abundan. Así entre las tres plantillas desde los años 60 hasta 1982 aproximadamente se calcula que hasta 6.500 personas estuvieron trabajando y expuestos. "Pero hay que sumar a los trabajadores de las empresas auxiliares, que es el verdadero problema por que no están los datos en astilleros. Se podría solucionar con la vida laboral", plantea Pepe Casas. En total estiman que algo más de 10.000 personas podrían haber estado expuestos al amianto en el sector naval.

"Pero no se circunscribe solo a este", deja claro. También hay afectados de la aeronáutica. "Tenemos dos compañeros que trabajaron en CASA", pone de ejemplo el presidente de esta asociación. Incluso familiares de los trabajadores. "Dentro de la directiva hay una mujer cuyo marido falleció y que ganó juicio a Bazán. En el caso de la otra mujer la afectada es su madre, que limpiaba la ropa de trabajo de sus dos hermanos y aspiró las partículas. Al no tener vida laboral, ¿quién la indemniza?", apuntan.

Esa es una de las cuestiones que plantean, la necesidad de crear un fondo de compensación, como existe en otros países de Europa como Francia, del que salgan las indemnizaciones a las personas expuestas a amianto en su momento y diagnosticados con algunas de las enfermedades relacionadas, como el mesotelioma pleural, muy dañino, la asbestosis, el cáncer de laringe y el calcinoma pulmonar, sí reconocidos como enfermedad profesional. No están reconocidas las placas pleurales o el engrosamiento pleural. Debería nutrirse de la Seguridad Social, los fondos de mutuas y de los Presupuestos del Estado. Lo piden las asociaciones de afectados –hay más de una treintena en España– desde hace diez años. Frente a eso quienes exigen una indemnización deben acudir a los tribunales, en un proceso lento, costoso y "doloroso".

La entidad insiste en que no solo se trata del sector naval, que el problema también lo arrastran el sector ferroviario o la construcción. "En los automóviles también se usaba en las zapatas de los frenos, por ejemplo. Y cuando llevabas a reparar al taller el vehículo limaban la pieza. Antes todo se reparaba", señala Alejandro Zapata.

"Hay que controlar todo eso. Lo que decimos es que todo trabajador que termina su vida laboral, bien prejubilado o jubilado, tiene derecho porque así lo indica la ley a una vigilancia de la salud con respecto a la exposición al amianto. Por eso, hay que recuperar los registros hasta ahora no conseguidos de los trabajadores de las auxiliares para pasarlo a la unidad de referencia en Cádiz del Servicio Andaluz de Salud". Se refiere Casas a la unidad que lleva el doctor Romero Valero. "Vamos a pedirle a la Junta que potencie la unidad, porque solo hay un neumólogo y un administrativo", adelantan. Los registros con la relación de personas que trabajaron en los astilleros en el largo periodo mencionado, conseguidos en 2008 por los representantes sindicales de los astilleros, fueron remitidos al SAS, y poco a poco van llamando a estas personas para hacerles pruebas, para hacerles un seguimiento. "Porque es necesario tener un control", señala Zapata.