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San Fernando/Andalucía por Sí (AxSí) critica la actitud de la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre el anuncio de Costas del desalojo de las casetas y los dos establecimientos hosteleros de la playa de La Casería. Para su portavoz, Fran Romero, la regidora "es parte del problema generado" por lo que, a su juicio, no cabe la sorpresa mostrada en las primeras horas.
El dirigente andalucista apunta a que la primera reacción de Cavada fue la de destacar que se ponían en marcha los trámites administrativos para la regeneración de la playa de la Casería, "una actuación demandada y esperada por la ciudadanía, decía". Romero se refiere a que esta postura se vio en una página de Instagram vinculada a la alcaldesa isleña en la que indicaba que el desalojo era el primer paso.
Para Romero el cambio de actitud se produce tras comprobar "la indignación de la ciudadanía en las redes sociales: y dice que no sabía nada". Miente, apunta el portavoz de AxSí, que asegura que el Ayuntamiento lleva meses tratando este tema con los hosteleros. "¿Nos toma por tontos a los isleños? Lleva meses negociando con la hostelería local. Miguel Muriel ya ha dicho que lleva meses negociando con la hostelería de la zona. Se ha reunido personalmente antes de la pandemia. También han tenido reuniones con Costas", añade.
"Nos asombra que se erija ahora, ante el descontento del pueblo isleño y sin pudor alguno, en adalid de una causa de la que ella y su partido siempre han sido partícipes", insiste el líder andalucista. Se refiere a que en 2008 el socialista Fernando López Gil insistía en la necesidad de regeneración de la zona y de buscar hueco a la cooperativa de pescadores artesanales. En 2011 pidió un espacio de 150 metros cuadrados para los pescadores y poco después, también con Patricia Cavada, hablaba de legalizar los locales de hostelería y de dotar a los pescadores artesanales de un módulo junto al club náutico. En 2015 Cavada se refería a un paseo marítimo para La Casería.
"Sea cual sea el proyecto que tiene previsto al señora Cavada para esta zona, una vez derribados los locales de hostelería, su futura reubicación pasaría indefectiblemente por un proceso de licitación municipal en pública concurrencia en el que cualquier interesado podría participar y alejado de la zona de dominio público marítimo terrestre", deja claro Romero, que cree que debe conciliarse la legalidad, la regeneración medioambiental de la zona y la singularidad del lugar.
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