AxSí San Fernando cuestiona "las mentiras de Cavada y Márquez" en torno a la denuncia a Esisa por la barriada Bazán

San Fernando/"Las mentiras de Patricia Cavada y Claudia Márquez las inhabilitan para seguir en sus cargos como presidenta de la junta general de accionistas y del consejo de administración de Esisa". El portavoz municipal de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, expone lo que considera "mentiras" en torno a la denuncia presentada por la concejala de Desarrollo Urbano contra la Empresa Pública de Suelo Isleña (Esisa) y sus trabajadores por la tramitación de las ayudas a la rehabilitación de Bazán.

El edil andalucista detalla la cronología de este asunto, que comienza el 25 de enero de 2021 cuando Márquez "como concejala de Urbanismo y presidenta del consejo de administración Esisa" presenta ante la Fiscalía Provincial de Cádiz un escrito "para que se valore la ilicitud y la ilegalidad de unas conductas que podrían ser merecedoras de reproche penal". En concreto, se refiere a una reunión en el bloque 5 de la Barriada de Bazán con su presidente de comunidad y otros vecinos y a cuestiones vinculadas a la tramitación y ejecución de las subvenciones otorgadas a la barriada Bazán para la rehabilitación de vivienda, que están encomendadas a Esisa. "Márquez habla como si se tratase de un personal ajeno a sus responsabilidades", apunta Romero.

Desde AxSí se cuestiona que la edil socialista ocultara esta denuncia al consejo de administración y al gerente. De hecho, un día después de interponerla, Márquez reclama por escrito al gerente un informe sobre la actuación de la empresa. La respuesta, tres días después, son dos informes, del gerente y de un responsable técnico con los trámites seguidos.

"Recordemos que la señora Márquez, como presidenta del consejo de administración, y en nombre de la señora Cavada, da instrucciones a Esisa para trabajar con el presidente de la asociación de vecinos, quien asume la dirección del expediente. Márquez es quien preside el acto público de adjudicación a los estudios de arquitectos que se presentaron para redactar los informes y proyectos exigidos por la normativa. Fue informada y era conocedora de las posibles empresas que presentarían sus ofertas sin que nada objetara. Fue también invitada por el presidente de la asociación de vecinos y los administradores de los bloques y acudió con personal de Esisa a la reunión de coordinación en la Delegación Territorial de la Consejería, comprometiéndose públicamente a seguir los requerimientos de la tramitación en todos sus términos y encargando al responsable técnico de Esisa la asistencia a la asociación de vecinos en dicha tramitación. Y es la que interviene en la presentación de las solicitudes con los presupuestos de las empresas para ser enviadas dentro de plazo a la Junta de Andalucía. Todo esto se hace antes y después de presentar la denuncia a finales de enero del presente año, de manera que tenía pleno conocimiento del trabajo que se estaba efectuando", resume Romero.

La formación ironiza con que una vez presentada esta denuncia ante Fiscalía la alcaldesa y presidenta de la junta general de accionistas de Esisa emitiera el 7 de febrero una nota de prensa en la que destacaba que "habían sido los primeros en presentar la documentación requerida cumpliendo cada uno de los hitos de forma meticulosa". Presumía entonces de la "colaboración y coordinación con la asociación de vecinos Bazán, las comunidades de propietarios y los propios vecinos y vecinas como esencial para presentar la documentación y cumplir cada trámite en tiempo y forma con seriedad y rigor”. Eso, lamenta, cuando "era conocedora y había dado el visto bueno y asesorado a su concejala para que presentara dicha denuncia".

"¿Qué locura de gobierno es este? ¿Cómo se puede presentar con una mano una denuncia en Fiscalía contra ESISA y su personal y con la otra, unos días después, redactar un comunicado de prensa presumiendo del trabajo de la misma y de su personal diciendo que había sido serio, riguroso, meticuloso y desde la total colaboración y coordinación con las comunidades de propietarios de Bazán? ¿Por qué Cavada no paralizó el expediente hasta aclarar todos los hechos? ¿Por qué se pasa de posibles irregularidades administrativas a una denuncia de carácter penal sin informar previamente ni dar oportunidad de aclarar a su personal y contrastar la información que había llegado a Márquez y Cavada? ¿Por qué se permitió que ese personal de Esisa siguiera trabajando con total normalidad con Márquez y Cavada si pudieran estar cometiendo delitos? ¿Por qué la absoluta falta de transparencia con el consejo de administración y la junta general de accionistas a los que de nada se nos informa? ¿Qué intereses espurios y oscuros ocultan?", reflexiona el portavoz andalucista.

El 2 de septiembre la Fiscalía interpone denuncia contra la empresa y tres miembros del personal y el 7 de septiembre Claudia Márquez ratifica todos los términos de su denuncia. No es hasta el 25 de octubre cuando se celebra un consejo de administración, "nueve meses después", y se informa a los consejeros de la denuncia y de la apertura de diligencias previas contra Esisa por el Juzgado de Instrucción número 1 de San Fernando con fecha de 14 de octubre. "Márquez reconoce que informa y pide asesoramiento a Cavada, a la secretaria municipal y otros asesores jurídicos antes de interponer la denuncia y afirma que cuando hace el traslado a la Fiscalía lo hace a título personal, por eso no ha habido intervención de los consejeros", señala Romero. En ese punto habla precisamente de mentira pues en el escrito ante Fiscalía se presenta como concejala y con el cargo que ostenta en Esisa. Por eso debería haber informado al consejo de administración, que es el órgano colegiado para presentar o no la denuncia, advierte, lo que supone que se han incumplido los estatutos de Esisa.

"Esta mentira y esta ilegalidad desacreditan políticamente a Cavada y Márquez y las inhabilitan como mínimo para continuar en el ejercicio de sus respectivos cargos como presidenta de la junta general de accionistas y presidenta del consejo de administración", insiste el líder de AxSí.

Ese 25 de octubre la plantilla afectada presenta escrito en el Ayuntamiento dirigido al interventor general en el que relatan las subvenciones concedidas y transferidas al Ayuntamiento y inciden en que resulta "imposible" calcular las consecuencias del procedimiento judicial. Por eso "a fin de proteger el patrimonio público y el de la propia mercantil Esisa (…) ponemos en conocimiento los hechos para que se adopten las medidas de protección de dicho patrimonio que tienen encomendadas".

Romero se queja de que no se respondiera a la petición del 2 de noviembre del consejero propuesto por AxSí para que se celebrara un consejo de administración para nombrar un asesor jurídico externo e independiente que asumiera la defensa de Esisa. La propuesta vuelve a remitirse firmada por dos consejeros el 30 de noviembre. En el consejo de ayer 9 de diciembre, se trata el asunto sin que se apruebe nada. "En cualquier caso, el consejero propuesto por este grupo municipal hizo constar la reserva de oportunas acciones legales que procedan con base en el deber de diligencia y la responsabilidad de los administradores que establece la Ley de Sociedades de Capital", añade.

Sobre el comunicado municipal del 22 de noviembre de 2021 en el que se informa a la prensa sobre este asunto, AxSí cuestiona que "entre otras lindezas" la concejala de Urbanismo plantee que "se podrían haber traspasado los límites administrativos encomendados, que correspondían a la empresa en la toma de decisiones y elaboración de la documentación". Eso contrasta, entiende, con la denuncia del 25 de enero y su posterior ratificación el 7 de septiembre "en la que se ponían en conocimiento del Ministerio Fiscal conductas del personal de Esisa que pudieran ser constitutivas de delito". Contrasta también con la nota de prensa de CAvada del 7 de febrero, entienden.

Romero ironiza con que Márquez hable de "transparencia", cuando del asunto no se ha informado hasta nueve meses después de la primera denuncia, ni siquiera se puso en conocimiento del consejo de administración y de la junta general de accionistas, que es el Pleno Municipal, hasta el 25 de octubre. Son "once plenos más tarde, cuarenta juntas de gobierno local más tarde y varios consejos de administración más tarde". "Cavada y Márquez han dejado pasar todos estos momentos deliberada y sospechosamente para informar con transparencia y legalidad de lo que estaba ocurriendo en Esisa con unas subvenciones de 5 millones de euros", recalca.

Tampoco es cierto, añade, que una vez se informara a la Fiscalía se convocara a los trabajadores, ni al consejo de administración para informar de los pasos dados, y se encargara entonces los informes internos necesarios para aclarar la situación.

"Cuando piensas que la alcaldesa y el gobierno menos transparente han tocado fondo va y te sorprende con un tema como la denuncia presentada por la concejala de Urbanismo y presidenta de Esisa contra la empresa y los trabajadores por la tramitación de la rehabilitación de la barriada Bazán", finaliza Romero.