El Ayuntamiento de San Fernando hace cuentas para pagar los dos millones al propietario del tanatorio

El Ayuntamiento isleño hará frente este mismo año a la indemnización de dos millones de euros que tiene que pagar al propietario del tanatorio por la nulidad de las licencias de obras concedidas en 2004, una decisión que el gobierno municipal ha adoptado para evitar que el impacto de esta deuda –una vez agotada la vía judicial y frustradas las negociaciones para llegar a un posible acuerdo– se siga arrastrando en ejercicios venideros.

Al pleno ordinario que se celebrará el próximo jueves el ejecutivo municipal llevará una modificación de crédito en este sentido que permitirá afrontar desde el Consistorio el pago de esta cuantía en concepto de daños y perjuicios, más los correspondientes intereses que a lo largo de todo este tiempo se han ido sumando.

Los dos millones de euros saldrán de la revisión de distintas partidas presupuestarias que no se han ejecutado en estos últimos meses o de las que se considera que se puede prescindir a estas alturas del ejercicio. La solvencia económica del Ayuntamiento –asegura el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez– permitirá dar cobertura de sobra esta operación sin poner en riesgo servicios esenciales o políticas sociales en un momento especialmente complicado por la crisis desatada por la pandemia.

La modificación de crédito, además, tiene un encaje mucho más fácil a estas alturas del año, cuando el presupuesto está a punto de cerrarse y, por su propia dinámica, pocos gastos más que ya no estén previstos pueden ejecutarse desde la administración local en las semanas que quedan para cerrar el ejercicio. A causa de la pandemia y las restricciones a las que ha obligado hay además partidas que no se han podido ejecutar.

Así que el momento –si así puede decirse– es favorable al Ayuntamiento isleño para hacer frente al pago de esta indemnización de dos millones de euros. De ahí también que el equipo de gobierno haya descartado aplazar el pago o dividir la cuantía en varias anualidades presupuestarias para la cuestión sea más llevadera, que suele ser la fórmula habitual que emplean las administraciones en estos casos. Eso reduciría su impacto en las arcas municipales en este momento concreto pero supondría también arrastrar el problema durante los próximos ejercicios. Y eso es algo que el equipo de gobierno quiere evitar a toda costa.

Claro que sacar dos millones de euros de las arcas municipales para hacer frente a esta indemnización tendrá consecuencias evidentes. "Van a ser dos millones menos de superávit y de remanente de Tesorería, una cantidad de la que el Ayuntamiento no va a disponer para hacer frente a inversiones o a ayudas sociales en el contexto de la crisis del Covid", puntualiza Conrado Rodríguez, que insiste en responsabilizar de esta situación a los gobiernos andalucistas anteriores: la licencia de obra declarada nula se otorgó en 2004, cuando era alcalde Antonio Moreno.

La sentencia judicial se remonta a 2008, aunque ha sido posteriormente objeto de distintos recursos. La última resolución -explica el concejal de Presidencia– llegó en 2016, en el anterior mandato. Desde entonces se ha intentado negociar con el inversor, dueño del tanatorio. Pero esta vía no ha dado sus frutos y el propietario ha pedido la ejecución de la sentencia, es decir, que se abonen esos dos millones de euros.