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Broncano
San Fernando/El Ayuntamiento de San Fernando se hace cargo de las obras necesarias del colegio San Ignacio, que arrastra graves problemas estructurales y donde hace unos días se produjeron desprendimientos del techo. El gobierno municipal ha tomado la decisión, explica, "ya que la administración competente, la Junta de Andalucía, no asume su responsabilidad ni da soluciones. "Queremos poner por delante de todo debate la seguridad de los menores y de la comunidad educativa de este colegio", explica la alcaldesa, Patricia Cavada.
La regidora ha comunicado hoy a la dirección del centro, a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del San Ignacio y a la FLAMPA (Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) que ha dado las directrices al personal técnico municipal para que trabajen en la redacción del proyecto y en la licitación para ejecutar la obra del centro San Ignacio.
Desde el Ayuntamiento ya se trabaja en la adaptación del espacio del edificio de Infantil para trasladar allí al alumnado de Primaria. Solo es necesaria una pequeña intervención para la redistribución, aclaran. La intención es llevar a cabo este cambio ya el lunes, y de esta forma dejar las aulas del edificio de Primaria donde se están dando las situaciones de inseguridad. "Nos permitirá trabajar en los ensayos necesarios para hacer el proyecto y las obras", expone.
"Vamos a hacernos cargo de esta obra que no es de nuestra competencia porque lo principal es que no haya riesgos para los niños y niñas, y porque ante todo hay que velar por la calidad de la educación, aunque esta Junta de Andalucía no quiera entenderlo", insiste Cavada. Desde el gobierno se deja claro que van a actuar pero que "reclamaremos judicialmente esa cantidad invertida a la administración que tiene las competencias y la que le corresponde actuar ante problemas estructurales como el del CEIP San Ignacio".
La alcaldesa isleña lamenta una vez más "la falta de actitud" de la Junta, a la que recrimina "los cambios de criterio y posicionamiento" al informar en su momento de que iban a actuar y que para ello contemplaban una partida de 60.000 euros, "y así se lo comunican al propio Defensor del Pueblo Andaluz", abunda el equipo de gobierno, y decidir luego que no lo iban a hacer. Ahora, lamentan "la delegada de Educación, Isabel Paredes, se descuelga diciendo que le corresponde hacer la obra al Ayuntamiento".
Para el gobierno isleño esta actitud demuestra "la falta de voluntad" de la Junta de Andalucía por atender los problemas de la ciudadanía, "dando bandazos y echando balones fuera, buscando la polémica en lugar de priorizar lo más importante: la seguridad de los menores que acuden cada día a este colegio", apunta Cavada.
Antes esa "evidencia" de que la Junta no iba a dar ningún paso y "no iba a cumplir el compromiso adquirido con la AMPA y comunicado a la Oficina de la Infancia y Adolescencia de Andalucía del Defensor del Pueblo Andaluz, desde el Ayuntamiento nos vamos a hacer cargo de la situación, y por eso ya hemos iniciado el procedimiento para poder licitar las obras".
Los problemas estructurales del colegio San Ignacio acreditados por los informes técnicos "trascienden", defiende el gobierno municipal, el mantenimiento habitual y ordinario que realizan los ayuntamientos en los colegios de Primaria, "que se centran en cambio de puertas o ventanas, arreglos eléctricos, pintura o pequeñas obras para reparar grietas". En este centro, la Junta ya ejecutó en 2013 una oba que no estuvo bien ejecutado y ha arrastrados problemas hasta ahora. "Por eso, corresponde de nuevo al Gobierno de Juanma Moreno realizar esta nueva actuación, y por eso una vez que la hayamos ejecutado les reclamaremos la cantidad invertida". Ahora el Ayuntamiento destinará dinero que podría usar para otras obras de su competencia, como acerado o mantenimiento urbano, se queja Cavada.
El colegio San Ignacio tiene más de 50 años de antigüedad y su mal estado, considera la regidora, ha entrado en una situación irreversible en la que acumula deficiencias estructurales que hacen necesaria una reforma integral del inmueble. En primavera desde el Ayuntamiento se realizó una actuación urgente por el mal estado de la fachada trasera del colegio, que da a una calle pública, para evitar posibles daños a escolares, transeúntes o coches aparcados por la posible caída de cascotes de las vigas voladas. Las obras permitieron intervenir en el forjado de cubierta del edificio sede de la AMPA, donde se habían detectado fisuras y grietas en cuatro de sus viguetas, así como la colocación de redes de protección en varias fachadas.
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