El Defensor del Pueblo insta a la Junta y al Ayuntamiento de San Fernando a "trabajar de manera coordinada" ante las carencias del colegio San Ignacio

San Fernando/Una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz emitida en el pasado mes de enero y publicada hace unos días insta tanto al Ayuntamiento de San Fernando como a la Delegación Territorial de Educación a dejar a un lado la polémica en torno a las competencias que atañen a una y otra administración para trabajar "de manera coordinada" para solventar las carencias estructurales del colegio San Ignacio.

El informe, elaborado a raíz de las quejas presentadas a la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía por el mal estado del centro, insiste en "las severas deficiencias que presentan algunos elementos estructurales del centro educativo" y evita claramente adentrarse en lo que llama "debates competenciales".

Así, señala que "resulta evidente que las tareas relacionadas con la conservación y las labores de mantenimiento de estos edificios escolares corresponden a los municipios" sin olvidar que eso "se complementa con las intervenciones de otra naturaleza constructiva y de infraestructuras que tiene asumida el ámbito competencial autonómico, en concreto a través de la Agencia Pública de Educación de Andalucía".

De ahí que concluya apelando a la necesaria cooperación entre el Ayuntamiento y Educación para hacer frente a la situación y solucionar al problema que afecta a los alumnos de Infantil y Primaria del CEIP San Ignacio.

"Esta dualidad de posiciones discrepantes entre la administración autonómica y local debe hallar un espacio común para posibilitar el más eficaz cumplimiento de las exigencias definidas para la adecuación del centro educativo gracias al ejercicio de las respectivas competencias", señala al aludir al "objetivo compartido e ineludible desde las responsabilidades concurrentes de ambas administraciones", que es afrontar la obra del colegio.

Desde el Defensor del Pueblo, en todo caso, se considera que la respuesta dada "parece concurrir a la hora de definir las respuestas que el centro educativo exige" ya que el Ayuntamiento ha adjudicado ya la redacción del proyecto de obras y la Junta, por otro lado, ha adjudicado otro contrato para hacer un estudio de la patología del centro y elaborar una propuesta de actuación.