Derribar las casetas de la playa de La Casería costará más de 300.000 euros

San Fernando/La Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene resueltas las demoliciones previstas en la zona de dominio público marítimo terrestre de la playa de La Casería desde el pasado 12 de mayo, así que desde hace 6 meses todo debate en torno a la conservación de las pintorescas casetas –incluida la pretendida declaración de interés público para la zona, que necesariamente ha quedado en nada dada la postura de la administración con competencias en la materia– ha resultado de lo más estéril e infructuso.

Costas, apenas un par de semanas después de dar a conocer en la pasada primavera el avance del proyecto de regeneración que pretende llevar a cabo en la zona, formalizó una encomienda de gestión al grupo empresarial público Tragsa para llevar a cabo el "proyecto para la demolición de las ocupaciones ilegales en dominio público marítimo terrestre (DPMT) en la playa de La Casería de Ossio, término municipal de San Fernando".

De ahí también que en estos meses no se haya tramitado la licitación de estos trabajos, aunque sí por ejemplo se han resuelto otros contratos paralelos como el relativo a los servicios en materia de seguridad y salud que se precisan para acometer las demoliciones, que se adjudicó en el pasado mes de junio a una consultora gaditana por 5.923,55 euros. Pero para ejecutar los derribos, Costas ha optado por echar mano a los recursos de los que dispone la propia administración a través de una encomienda de gestión a Tragsa.

Las demoliciones de las casetas tendrán un coste de 332.732,48 euros, que es el presupuesto de la actuación. De hecho, la Dirección General de Costas ha procedido ya a resolver la retención de crédito necesaria con cargo a una partida presupuestaria para poder hacer frente a esta intervención.

De entrada, se dispone un plazo de tres meses para acometer estas demoliciones que por ahora no afectan a los dos negocios de hostelería que se asientan en la playa dado que uno, la Cantina de El Titi-El Bartolo, cuenta con una concesión para el ejercicio de su actividad –aunque Costas también la ha recurrido– y el otro, el Merendero La Corchuela-Casa Muriel, ha conseguido frenar de momento el derribo gracias a las medidas cautelares aprobadas por el juzgado.

Cabe recordar que a los afectados se les ha notificado el plazo para acometer los derribos, entre diciembre y el 1 de marzo de 2022 como fecha límite. De hecho, el Ayuntamiento isleño ha anunciado ya también la reubicación de las casetas de la decena de pescadores en el entorno para que puedan seguir trabajando.

Esta semana, precisamente, el conflicto de La Casería ha cumplido un año. Fue en los primeros días de noviembre de 2021 cuando se conoció que la Demarcación de Costas en Andalucía Atlántico había incoado un total de 59 expedientes de recuperación posesoria que afectaban a 61 casetas y a otras construcciones existentes en la zona de dominio público de la playa de La Casería. La remesa de expedientes se aprobó a finales de octubre pero hasta los primeros días del mes siguiente no fueron llegando las correspondientes notificaciones a los afectados.

Fue el comienzo de un conflicto que desde el primer momento suscitó un amplio movimiento ciudadano de rechazo hacia las demoliciones de las casetas y que, además, ha tenido un largo recorrido político. De hecho, el tema seguía debatiéndose en el pleno celebrado hace poco más de una semana cuando a iniciativa del grupo popular se pidió frenar los derribos hasta que el proyecto de regeneración no estuviera avanzado.