Familiares de Adolfo Bosch 'Fofi' piden el apoyo del Defensor del Pueblo Andaluz

Familiares de Adolfo Bosch Lería Fofi han recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz con el propósito de frenar el proceso iniciado hace 21 años, cuando la Guardia Civil registró su domicilio y se incautó del millar de piezas arqueológicas que formaba su colección particular y única.

Aunque las diligencias penales no llegaron a prosperar y fueron archivadas tan solo unos años después, la Consejería de Cultura consideró que se había cometido una falta administrativa por la infracción de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz) por la que le reclama desde hace años una sanción que hoy, con los intereses, asciende a unos 160.000 euros.

Agotados ya todos los recursos posibles que durante todo este tiempo se han ido sucediendo, este antiguo buceador aficionado a la arqueología -cuyo caso protagonizó las noticias más sonadas de la ciudad a principios de la década de los 90- se enfrenta ahora al embargo de todos sus bienes.

"En breve lo desahucian de su casa, despojándolo de su principal medio de subsistencia ya que no puede trabajar por tener una minusvalía del 45 por ciento", advierten sus familiares en el escrito que han remitido a la Fiscalía de Cádiz y al Defensor del Pueblo para pedir su amparo.

Ya a principios de febrero, Adolfo Bosch dio a conocer su alarmante situación en una reunión pública que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura y en la que reclamó apoyos para frenar un proceso que -insiste- "está plagado de irregularidades e incluso ha sido manipulado".

De ahí que, en última instancia, la familia recurra al Defensor del Pueblo. "Siempre hemos tenido la impresión de que estaban tomando a nuestro hermano como cabeza de turco", afirman. Porque Fofi, advierten, no era sino "un romántico de la arqueología": "Nunca ha pretendido ganar dinero con ella. Ha dedicado gran parte de su vida a estudiarla de forma autodidacta con dedicación plena y altruismo. Ha respetado la integridad de las piezas y con auténtico mimo y sin ningún ánimo de lucro".

La familia anota en su descargo otro aspecto llamativo del caso, que todo el mundo conocía la existencia de la colección arqueológica. Incluso había mantenido conversaciones con el alcalde de San Fernando y otras autoridades con el propósito de abrir un museo. Incluso recibió la visita del director del Museo de Cádiz, Ramón Corzo, y de miembros de la Delegación de Cultura, entre ellos, el arqueólogo de la Junta Lorenzo Perdigones. Cedió piezas para exposiciones y apareció en prensa y en programas de radio y televisión. De ahí que se afirme que solo pecó de "ingenuidad" y de ahí la sorpresa de la familia cuando los hechos desembocaron en el registro que practicó la Guardia Civil.