"Hemos hecho la tarea", dice la Junta tras iniciar la declaración de interés público para La Casería
El delegado territorial de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez Román, recuerda que el trámite se afronta sin el acuerdo previo de Costas, administración que ya ha resuelto las alegaciones e iniciado el procedimiento para las demoliciones
"Nosotros hemos hecho la tarea", ha asegurado esta mañana el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez Román, al aludir al conflicto de la playa de La Casería y a la protesta que los afectados habían convocado ante la sede de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico.
Se refería Sánchez Román a la puesta en marcha de los trámites para conseguir la declaración de interés público para la zona en la que se asientan las casetas y los negocios, que es lo único que a estas alturas podría frenar los derribos.
El delegado territorial ha recordado que dicha tramitación se ha iniciado a raíz de la petición realizada en este sentido por el Ayuntamiento isleño pero sin el acuerdo previo de la Demarcación de Costas, "que no se ha posicionado".
En este sentido, ha advertido que el trámite se ha iniciado "cuando (por parte de Costas) las demoliciones ya están en procedimiento e, incluso, se han resuelto las alegaciones presentadas por los afectados".
Incluso, ha recordado, la concesión otorogada por Medio Ambiente a la cantina de El Titi-El Bartolo, "el único título habilitante" que había en la zona, se ha recurrido a través de un contencioso al considerar Costas que no procedía autorizar su prórroga.
Así que la postura de Costas resulta bastante clara, tanto más cuanto hace unos días presentaba el proyecto de regeneración de la playa y advertía que no iba a informar favorablemente a la pretendida declaración de interés general de la zona.
Daniel Sánchez Román, en todo caso, ha afirmado hoy que se han pedido informes tanto al Ayuntamiento como a la Dirección General de Costas para tramitar dicha medida de protección y que se dispone del plazo de un mes para que ambas administraciones contesten. "Si en ese plazo no se contesta (o se informa desfavorablemente) se dará por concluso el proyecto".
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