La Junta consigue el dictamen favorable del Consultivo para resolver el contrato de las obras del centro de salud de Camposoto

La empresa adjudicataria no inició los trabajos porque reclamaba un modificado del proyecto

Dos millones de euros en los presupuestos andaluces para el centro de salud de Camposoto

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Centro de Salud de Camposoto en San Fernando
Arturo Rivera Barrera

08 de noviembre 2021 - 10:51

San Fernando/La Consejería de Salud y Familias ha obtenido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía para afrontar la resolución del contrato formalizado con la empresa adjudicataria de las obras para la terminación del centro de salud de Camposoto, la granadina Grulop SL; un trámite indispensable para solventar la situación de bloqueo en la que inesperadamente se encontró el proyecto cuando las obras se disponían a comenzar tras un largo periplo administrativo y casi una década de espera.

El dictamen, con fecha del pasado 14 de octubre, deja clara la firme oposición de la adjudicataria a la resolución del contrato a pesar de que reconoce que, desde la firma del acta de replanteo -que, puntualiza el Consultivo, se realizó "sin que se hubiera realizado objeción alguna por ninguna de las partes"- no se ha movido un dedo para reanudar las obras del centro de salud de Camposoto, adjudicadas en 2020 por 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.

Varios son los argumentos que esgrime la mercantil para justificar su decisión de no iniciar los trabajos -entre ellos, discrepancias con las tasas del ICIO y la demora de la licencia municipal, a pesar de que ésta estaba resuelta meses antes de que se resolviera el contrato- aunque, principalmente, alude a una cuestión que viene a explicar lo ocurrido y la extraña inactivdad de la adjudicataria antes siquierade que hubiesen dado comienzo los trabajos: un modificado de las obras, la necesidad -arguye- de acometer un modificado de proyecto "por considerar que resulta imposible la ejecución del proyecto primitivo adjudicado".

El Consejo Consultivo, sin embargo, descarta estos argumentos y da la razón a la Junta de Andalucía al señalar, al no haber siquiera iniciado las obras del centro de salud, "la falta de voluntad de la contratista de ejecutar el proyecto en los términos en que ella misma aceptó al licitar y al hacer su oferta en el procedimiento de contratación". De hecho, incluso le recuerda "el principio de riesgo y ventura que pesa sobre el contratista en la ejecución del contrato".

"La empresa lo que intenta es imponer un modificado de proyecto con carácter previo al comienzo de las obras de tal manera que se mejoren sus expectativas económicas ejerciendo coacción a la Administración a la que sabe necesitada de contar en el menor tiempo posible con el equipamiento sanitario que resultará de la ejecución de esta obra", cita literalmente el dictamen del Consultivo al aludir a los informes de la dirección facultativa de la obra.

"En ningún caso existe un derecho del contratista a exigir o imponer la modificación del contrato al órgano de contratación, tampoco puede no iniciar o suspender los trabajos de manera unilateral por considerar que proceda una modificación ni, en el caso de que el órgano de contratación no considere necesaria la modificación, tiene derecho el contratista a solicitar por este motivo la resolución del contrato", refrenda el Consultivo.

En el pasado mes de septiembre, la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes, afirmó que la resolución del contrato con la adjudicataria -paso decisivo para retomar los trámites y volver a licitar las obras del centro de salud de Camposoto- estaba pendiende del dictamen del Consultivo, que ahora se ha conocido.

Por otro lado, hace apenas unos días, el PP de San Fernando recordaba que los presupuestos andaluces para 2022 incluían una partida de más de dos millones de euros para el centro de salud de Camposoto, lo que coincide con el importe de la adjudicación de las obras.

La cuestión, ahora, es saber si verdaderamente el proyecto para la terminación de las obras necesita ser revisado para evitar nuevos problemas con la futura adjudicataria en torno a posibles modificados.

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