El PP de San Fernando echa mano a Transparencia para volver a poner en el punto de mira a Claudia Márquez por la compra de su casa

San Fernando/A menos de 8 meses de las elecciones municipales, el tema de la vivienda de Claudia Márquez -que llevó a que la edil saliera del área de Desarrollo Urbano en el pasado mes de abril- ha vuelto al punto de mira de la oposición de la mano del PP de San Fernando.

Aunque en esta ocasión, la formación no se ha centrado en la ejecución de las obras ni en las irregularidades que han motivado la apertura de un expediente por parte de Urbanismo, que la concejala ha anunciado que recurrirá en un contencioso. Los populares han puesto ahora su atención en la adquisición de la finca y en la orden de ejecución firmada en 2017 por la propia Claudia Márquez.

La concejala del PP isleño Carmen Roa ha dado a conocer parte de la información de ese proceso de venta que ha obtenido tras recurrir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que por dos veces -ha explicado la edil- ha tenido que requerir la información que se solicitaba a los anteriores propietarios de este céntrico inmueble, la Fundación Adolfo Carneiro del Obispado de Cádiz: los que vendieron la casa a la concejala socialista.

Para los populares, la información facilitada es crucial porque concreta el acuerdo de compraventa en la jornada del 29 de mayo de 2017 "y no en julio de 2020 como decía Claudia Márquez".

De hecho, apostilla Roa, en dicho informe facilitado por Transparencia se confirma también que tan solo un día después de aquel acuerdo, el 30 de mayo de 2017, los compradores -la edil Claudia Márquez y su esposo- ingresaron el primero de los tres pagos pactados para hacerse con la finca.

Y tan solo unos días después, en junio de 2017, la propia edil firma la orden de ejecución que permitía intervenir en una finca en la que -señala- tenía un evidente interés. Para el PP resulta más que evidente a tenor de las fechas aportadas por Transparencia "y sin embargo Claudia Márquez no se apartó de los trámites".

De hecho, recuerdan los populares, hasta el pasado mes de marzo -cuando desde el PP se denuncia el tema en Urbanismo- no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la abstención de Claudia Márquez en los trámites relativos a la casa de su propiedad.

Carmen Roa ha acusado este martes a la ex edil de Urbanismo de "faltar a la verdad" al afirmar que la compraventa de la vivienda se llevó a cabo en 2020 y, por lo tanto, con posterioridad a la firma de la orden de ejecución. "En 2020 se eleva a público ante notario -aclara- pero el acuerdo de compraventa es de 2017, de apenas unos días antes de que ella misma firmara la orden de ejecución, como también el primer pago que se hizo", insiste.

El PP ha insistido también en que el agente de la Policía Local que abre las diligencias por las que se dicta la orden de ejecución "el mismo día en el que van este agente" actúa -así consta en el expediente- a requerimiento del servicio del servicio de Licencias y Disciplina de Urbanismo, que en esos momentos dependía igualmente de Claudia Márquez como delegada del área.

La edil ha querido contraponer estos datos que, a su juicio, dejan en evidencia a la anterior responsable de Urbanismo con el papel de víctima que asumió tras el archivo de la causa abierta por la denuncia de Plataforma 3R, que aprovechó para acusar a la oposición en bloque -y especialmente al PP- de poner en práctica una campaña de acoso y derribo.

La concejala Carmen Roa ha explicado que el informe de Transparencia se ha entregado a la alcaldesa, Patricia Cavada, tanto por registro como en mano en el pleno "para que tenga toda la información" y le ha pedido que actúe al respecto "ante un posible ilícito". "Si ella no lo hace, tendremos que hacerlo nosotros", ha afirmado dejando adivinar cuál será el siguiente movimiento en el tablero.