Paralizan hasta el jueves 2 de febrero el desahucio de Verónica Luna y su familia en San Fernando

San Fernando/Verónica Luna y su familia han logrado un pequeño aplazamiento al lanzamiento de la vivienda en la que residen desde 2016. El Juzgado le ha otorgado algo más de una semana de margen (hasta el próximo jueves 2 de febrero) para que la familia pueda recoger sus enseres personales y busque una solución de habitabilidad.

El desahucio (lanzamiento en realidad al tratarse de una vivienda que no es de su propiedad) iba a celebrarse esta mañana de miércoles. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, personal del Juzgado, Policía Local y representantes políticos como la concejala de Política Social del Ayuntamiento de San Fernando, Virginia Barrera, y la concejala portavoz de Podemos, Ana Rojas.

El principal problema a que el lanzamiento ocurriera este miércoles es que Verónica no tenía alternativa inmediata para llevar a su familia. La respuesta de los Servicios Sociales municipales sería una solución de emergencia pero temporal. Luna solicita un alquiler social al Ayuntamiento pero la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) no tiene a disposición viviendas vacías, además de que la afectada no tiene preferencia para acceder a uno de estos pisos, ni está registrada como demandante de vivienda en la ciudad, exponen fuentes municipales.

Divorciada y con tres hijos a su cargo, por lo tanto una familia monoparental, mientras esperaba a la hora marcada para el lanzamiento, volvía a insistir en que necesita un alquiler social. "No me han dado solución en estos años. Yo quería una alquiler social en esta vivienda que está reformada por mí, porque esto daba asco cuando yo entré. Y si no era aquí pues en otra para tener un techo. No ha habido manera, que si no tenían otra casa, que no podían poner alquiler social, cuando sí que los tienen. Ni los decretos del Gobierno han podido parar esto", explicaba Verónica Luna, rodeada de amigos y vecinos, sentada sobre el suelo de la cocina de la vivienda, desconsolada.

Aunque está trabajando, ha llegado a estar parada y contratada con un plan de empleo municipal en 2019, los ingresos que tienen no le permiten afrontar un alquiler normal. "Llamo y piden 600, 700 y solo de dos dormitorios. Y mira que eso me da igual porque me conformo con un dormitorio, pero que sea asequible. Te piden aval bancario, avalista, que no puedes entrar con animales -un perrito pequeño descansa en su regazo-, incluso niños. ¿Estamos en Hollywood? No me niego a pagar pero no puedo más que 400 euros porque el agua, la luz, el gas, la comida todo ha subido", abundaba.

Lamentaba no tener respuesta rápida de Servicios Sociales, que le había dado cita para el próximo martes, y que no hubiera posibilidad de una vivienda de Esisa. "No hay derecho. ¿Qué hago?", decía antes de que los representantes judiciales informaran de la paralización en primera instancia hasta el lunes, aunque finalmente bajo el acuerdo con la Policía Nacional para el jueves 2 de febrero. Tiempo, apuntaban poco después de las 12.30 horas, que le daban para que recogiera sus cosas. Solos unas pocas bolsas de basura se acumulaban cerca de la puerta de la vivienda con algunas de sus pertenencias, aunque todo el mobiliario es suyo.

Luna agradecía la preocupación constante y el apoyo de Virginia Barrera, con la que hablaba tanto en el exterior de la casa como en el interior, cuando se acercaba la hora del lanzamiento. Los vecinos se quejaban de la actuación de Coral Homes, la propiedad, "cuando hay hijos de por medio no es lógico". "Ella ha arreglado la casa, es una muy buena vecina, muy trabajadora, siempre cuando a sus hijos", añadían.

La historia de Verónica se hizo viral a finales de 2019, cuando la intentaron desahuciar de su vivienda en el mes de noviembre. En aquel momento, logró un aplazamiento de un mes, y posteriormente otros 3 meses más de margen. La llegada de la pandemia y los sucesivos decretos del Gobierno le permitieron tener algo más de respiro y finalmente, en mayo de 2022, el juzgado solicitó a Servicios Sociales un informe que situación vulnerable, considerando finalmente el juez que la familia no cumple con las condiciones que establece el decreto.