Punto final a tres años de armonía

Andalucistas y populares se han entendido a la perfección durante tres años. Ambas formaciones han encajado en el Gobierno municipal y han resistido uno tras otro los envites de una decidida y fuerte oposición. Han aguantado las irregularidades detectadas en el servicio del alcantarillado y los momentos más críticos del desfalco millonario perpetrado en la caja municipal. Las dudas surgidas a lo largo de 2009, la detención de los funcionarios, el ingreso en prisión de Clemente Ruiz, la apertura del sumario, el desarrollo de las investigaciones policiales y, más recientemente, la llegada del duro informe de la Cámara de Cuentas, que pone en entredicho toda la gestión económica desarrollada por el Ayuntamiento desde 2002, etapa en la que, curiosamente, estaba Antonio Moreno al frente del Gobierno local.

Hasta esta semana. Hasta que, el pasado miércoles, el portavoz del PP, Daniel Nieto, apuntara la necesidad de adoptar medidas para restituir la credibilidad dañada del Gobierno municipal. Hasta que ayer pidiera la renuncia de la delegada de Economía y Hacienda, Mercedes Espejo, y del propio alcalde, Manuel de Bernardo. Cuestiones inaceptables para el PA que precipitaron la inevitable ruptura del acuerdo que se fraguó en junio de 2007, pocos días después de las municipales.

Un pacto de gobierno que, aunque estable en todo este tiempo, estuvo rodeado de polémica desde el primer día. A no pocos isleños sorprendió que, tras la victoria del PSOE en las urnas, ambas formaciones suscribieran un pacto de gobierno después de años de enfrentamiento constante. Y especialmente tras una durísima campaña del PP en contra del trazado planteado para el tranvía metropolitano por la calle Real y en contra de los criterios esenciales del Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Histórico, el PEPRICH.

Eran los tiempos de las firmas en contra del trazado, de la consulta popular, de los recursos judiciales. Pero el PP, a su modo, transigió con el tranvía al dejar la actuación fuera del pacto de gobierno y permitir su ejecución, a pesar de que votara en contra de ella en el pleno. Buena parte de su electorado -y de los isleños que no querían el tranvía- se sintió defraudado.

Y éste, además del desfalco, ha sido el mandato de las obras del tranvía. Iniciadas en septiembre de 2008 tras aprobarse todos los trámites previos y dar a conocer los pormenores del proyecto, los trabajos todavía no han terminado. Los tramos más céntricos de la calle Real se reabrieron hace poco más de un mes, en Semana Santa, cuando ya se pudo contemplar el resultado de la reurbanización: la gran transformación de la arteria principal de la ciudad.

Ha sido un periodo duro. De obras y molestias y de muchísimos problemas de tráfico al que el PP -precisamente Nieto estaba al frente de esta Delegación- no ha sido ajeno. Y eso que el rechazo del tranvía llevó a delegar la coordinación de las obras con la Consejería de Obras Públicas, promotora de la actuación, en el concejal andalucista Manuel Prado al estar la Gerencia Municipal de Urbanismo en manos del PP y al frente de la cual, hasta el pasado mes de marzo, estuvo Carmen Pedemonte, líder de los populares en todo este periodo.

Los tres años de mandato compartido han registrado también un progresivo distanciamiento del Gobierno municipal de los colectivos sociales y sus máximos representantes, que se han alineado casi siempre junto a la oposición a la hora de exigir responsabilidades. Así ha ocurrido con la plataforma ciudadana Responsabilidades Políticas Ya. La manifestación del pasado mes de diciembre para exigir las dimisiones de De Bernardo, Pedemonte y Espejo consiguió un respaldo multitudinario. Sobre todo, si se tiene en cuenta la escasa participación que en La Isla suele arrastrar este tipo de eventos. Pero ya antes, a lo largo de 2008, después de que el Gobierno local aplicara una subida generalizada de los impuestos y, especialmente, del IBI, se desarrolló la denominada Guerra de los impuestos, que enfrentó a los colectivos con el equipo de gobierno.

Las prioridades que el PP se fijó como metas al asumir la Gerencia de Urbanismo en 2007 -la finalización del PGOU y el PEPRICH- no se han conseguido llevar a cabo, si bien el Plan del Casco Histórico está ya en su recta final. La crisis económica ha supuesto también un durísimo impacto para la Gerencia de Urbanismo, que ha visto como descendía acusadamente sus ingresos y su actividad, hasta entonces pujante.