El TSJA frena la tentativa judicial para resolver el conflicto de los antiguos colegios de Defensa en San Fernando

San Fernando/La vía judicial emprendida por el Ayuntamiento isleño en 2017 para intentar aclarar el conflicto de competencias que afecta a los antiguos colegios de Defensa –los CEIP Vicente Tofiño, Juan Díaz de Solís y Cecilio Pujazón– no ha servido para nada.

Una sentencia de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictada el pasado 2 de mayo declara inadmisible el recurso interpuesto por el Consistorio isleño contra la viceconsejería de Educación y su resolución del 2 de octubre de 2017, en la que rechazaba el requerimiento realizado anteriormente por el equipo de gobierno para que la Junta asumiera el mantenimiento, conservación y vigilancia de estos tres centros educativos.

De esta resolución judicial se dio cuenta el pasado lunes en el primer pleno que la Corporación celebra en el nuevo mandato al tiempo que, siguiendo la recomendación de los servicios jurídicos municipales, se informó de la decisión de Alcaldía de no interponer un recursos de casación contra la sentencia del TSJA habida cuenta de que en el fallo se considera que se intenta recurrir "una actividad administrativa inimpugnable por no derivar de un acto firme". Es decir, que las posibilidades de que el recurso prosperara, dados los términos de la sentencia, son mínimas.

Así que las pretensiones municipales de aclarar por la vía judicial –una vez enquistado el diálogo entre ambas administraciones– el conflicto de competencias que afecta a los antiguos colegios de Marina, no han tenido éxito. Y eso deja el problema en la misma situación de siempre, esto es, pendientes de nuevo de un acuerdo –ahora más necesario que nunca– entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación. Es más, el Consistorio ha sido condenado a pagar las costas del proceso (un máximo de 600 euros).

El gobierno de Cavada optó por presentar este recurso hace dos años tras fracasar en las negociaciones con la administración autonómica para lograr un pronunciamiento judicial que definiera y zanjara de una vez el debate en torno a las obligaciones de la Junta de Andalucía con respecto a los colegios que habían pasado a sus manos tras el convenio suscrito con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el TSJA entiende que dicha acción "meramente declarativa de competencia" no tiene cabida procesal en el contencioso-administrativo.

Antes bien, la sentencia señala en cierto modo que ambas administraciones –Ayuntamiento y Consejería de Educación– están condenadas a entenderse para solventar el problema de estos tres colegios de Educación Infantil y Primaria en los que cursan sus estudios varios centenares de alumnos, algo que han sido incapaces de conseguir hasta el momento, ni siquiera cuando ambas han estado gobernadas por los mismos colores políticos.

Es más, entre los argumentos expuestos en la resolución se recuerda que ya existe incluso "un punto de encuentro" –como en reiteradas ocasiones se ha advertido– que se ha alcanzado entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía en los últimos años y que, a pesar de las acciones legales emprendidas desde el Consistorio, ha permitido al Ayuntamiento intervenir en estos centros para ejecutar trabajos de conservación y mantenimiento.