9 años del Robo y todavía queda

San fernando/Nueve años se cumplen hoy del inicio de un caso que conmocionó a la opinión pública tras conocer que sistemáticamente durante más de 5 años la Caja Municipal había sido saqueada. Desde la primera denuncia en Comisaría por parte del Ayuntamiento. Desde la detención de los dos funcionarios que atendían a los ciudadanos en la caja de la Delegación de Economía y Hacienda para el cobro en efectivo, entre otras cuestiones, de los depósitos de garantías de las empresas para la realización de obras municipales o de plusvalías. Desde que se estimara que la cantidad desaparecida era de 480.000 euros. Hace años que se sabe que el desfalco superó los 7,8 millones. También que las pesquisas señalaban a un clan marroquí -los Buselham- amigo de la familia de Clemente Ruiz y que la jueza titular imputaba a la esposa y la suegra de éste. Incluso, algo más reciente, en 2016 incluye en la instrucción en calidad de investigados a interventor y tesorera. A pesar de todos esos datos, de explicarse el modus operandi, el robo de la Caja Municipal sigue sangrando por una herida abierta que, a la espera de que se fije finalmente fecha para el juicio y que éste se desarrolle, continúa sin cicatrizar.

Para ello, antes la Audiencia Provincial debe resolver el recurso presentado por la Fiscalía contra el auto de procedimiento abreviado que dictaminó en marzo del año pasado la jueza, Miriam Solano, con el que cerraba la instrucción. El fiscal responsable, Ángel Núñez, consideraba que previamente se debían librar las comisiones rogatorias a Marruecos para la investigación patrimonial y para interrogar a los marroquíes implicados, los seis miembros de la familia -que no han estado ya ante la jueza- vinculada a Clemente Ruiz y sus negocios.

Mientras la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Fernando opta por abrir piezas separadas al entender que no debe demorarse por esta circunstancia la finalización de la instrucción -puesto que además la residencia en Marruecos de estas persona implicaría, en caso de que este país aceptara, la extradicción para ser juzgados en España-, Fiscalía defiende otra postura. El recurso ha supuesto que vuelva a demorarse el proceso judicial, porque la Audiencia Provincial tiene evidentemente sus tiempos para dar respuesta. Eso suma en que se dilate en exceso, como el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconocía en su memoria anual sobre 2015. "Sonroja", fue la palabra utilizada para hablar de la lentitud de este procedimiento.

No es la primera vez que una y otra parte no están de acuerdo: el fiscal Núñez ya mostró su rechazo a la imputación de interventor y tesorera al considerar que no había indicios para ello -su responsabilidad había sido tratada por el Tribunal de Cuentas-, aunque eso no impidió que la jueza siguiera adelante, los mantuviera como investigados, los citara a declarar y los incluyera en su último auto judicial como investigados por un delito de malversación de caudales (por considerar que colaboraron de manera activa en el desfalco por la omisión dolosa de sus funciones).

En el auto la jueza se muestra escandalizada por que en el periodo por el que se extendió el robo, entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de abril de 2009, los dos funcionarios de mayor rango económico del Consistorio no actuaran para resolver el retraso contable que acumulaba la Caja Municipal, que hacía que no casara el saldo contable y el líquido. Esa diferencia permitió que casi diariamente durante cinco años y tres meses se pudiera saquear la Caja Municipal sin que nadie se percatara. La falta de controles siempre ha sido una de las principales críticas que tanto los funcionarios responsables, interventor y tesorera, como los responsables políticos han sufrido por considerarse una dejación de funciones.

Según contempla el informe del perito judicial que se conoció tras levantarse el secreto de sumario en diciembre de 2009, durante el tiempo mencionado se manipularon las hojas de caja, curiosamente un documento ideado por Clemente Ruiz, con la anotación de cantidades inferiores a las reales. Solo las ocasiones contadas en que este funcionario no se hacía cargo del documento en el cierre de la caja y lo hacía la otra cajera imputada las cuentas eran correctas. También se explicaba que se llegaron a cobrar cheques para pagos por una cantidad superior a la que se requería para cumplir con la responsabilidad económica pertinente. Sorprendente resultó saber también que, según las investigaciones, Clemente Ruiz utilizaba datos fiscales sobre el impuesto de plusvalías, de ciudadanos que pasaban por la caja, para desarrollar operaciones falsas desde la inmobiliaria de la que era propietario.

Son solo algunas de las cuestiones que a lo largo de estos años han salido a la palestra sobre un tema del que San Fernando espera pasar página, no sin antes depurar las responsabilidades penales.