Las auxiliares de ayuda a domicilio de San Fernando denuncian a Cavada ante el Consejo de Transparencia

San Fernando/Las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio de San Fernando han denunciado a la alcaldesa, Patricia Cavada, ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por no tener acceso al expediente completo del contrato. El colectivo advierte de que la regidora no ha cumplido con su obligación legal de proporcionarlo a pesar de que llevan solicitándolo desde noviembre.

Las trabajadoras no entienden por qué Cavada les pone trabas a los derechos de más de 160 mujeres trabajadoras, que solo buscan aclarar quiénes son los responsables de los incumplimientos en el servicio. De hecho se muestran "perplejas" ante lo que consideran "falta de sensibilidad" del gobierno municipal con los problemas de su colectivo.

La plantilla de la ayuda a domicilio ha mostrado su hartazgo ante lo que han calificado como "una actitud oscurantista y de falta de ganas de querer cumplir con las obligaciones que tiene la alcaldesa a la hora de proporcionar la información que se le ha requerido desde noviembre, en relación al expediente completo del contrato del servicio municipal de ayuda a domicilio de San Fernando". "Sabe que está obligada a darnos esa información, pero no quiere hacerlo. Será ella la que tendrá que explicar por qué", lamentan, "hartas" de la situación.

En varias ocasiones han pedido la información y ante la falta de respuesta "no nos han dejado otra opción y no nos ha quedado más remedio que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía". "Hemos denunciado hace unos días este incumplimiento a la hora de proporcionar información pública por parte del gobierno municipal". Hasta en tres ocasiones lo pidieron por escrito y muchas más de palabra, pero "no quiere que la plantilla y sus representantes tengamos acceso a unos documentos que pueden aclarar cómo ha sido, y quiénes han sido los responsables del tremendo disparate de gestión que se ha llevado a cabo en este servicio municipal desde el inicio del contrato con CLAROS SCA en marzo de 2019".

Las trabajadoras exigen a Cavada y al gobierno municipal que "depongan su actitud obstruccionista respecto al derecho a la información, y aclaren de qué parte están".