El concejal del PP de San Fernando Joaquín Rodríguez Balestra fue detenido hace un mes por una supuesta malversación en su trabajo de funcionario

San Fernando/El concejal del PP de San Fernando Joaquín Rodríguez Balestra fue detenido en el pasado mes de octubre por su implicación con un supuesto delito de malversación de caudales públicos cometido en el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN) de El Puerto de Santa María, donde trabaja como empleado público. La Policía Nacional incluso informó en su momento de los hechos, aunque sin desvelar la identidad del detenido, del que solo se apuntó que se trataba de un funcionario de 55 años. Era, sin embargo, cuestión de tiempo que su nombre saliera a relucir habida cuenta de su actividad política en el municipio isleño.

El edil, en declaraciones realizadas a este periódico, ha optado por guardar silencio acerca de estos hechos remitiendo al PP provincial, donde -ha afirmado- ha dado "todas las explicaciones" en torno a lo ocurrido. En las últimas semanas, además, ha desempeñado con absoluta normalidad sus responsabilidades como concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de San Fernando.

El PP de Cádiz se ha pronunciado en relación al procedimiento judicial "en torno a un conflicto laboral" en el que está implicado Joaquín Rodríguez Balestra, también perteneciente al sindicato CSIF. Según la formación, nada más tener conocimiento de estos hechos por parte del propio implicado, se abrió un expediente informativo para hacer un seguimiento de la resolución judicial.

Paralelamente, el propio Rodríguez Balestra solicitó su suspensión cautelar de militancia del Partido Popular mientras se resuelve este procedimiento, que ya se ha hecho efectiva.  

"Desde el Partido Popular de Cádiz ponemos de manifiesto nuestro respeto a la presunción de inocencia y confiamos en que los hechos se aclaren lo antes posible", ha manifestado la formación tras lo ocurrido.  

Una investigación de la UDEF

Según el comunicado difundido por la Policía Nacional en su momento, los hechos se remontan a junio del 2024, cuando los responsables del ICMAN, instituto que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pusieron a los investigadores al tanto de unas presuntas irregularidades cometidas por parte de uno de los empleados de esta entidad pública en la adquisición de material, lo que -señalan- había ocasionado un perjuicio económico al presupuesto del instituto público.

Dichas irregularidades, según la información divulgada por la Policía, se relacionaban con la realización de compras de diversos artículos a cargo del presupuesto asignado al departamento en el que trabajaba como funcionario "con el pretexto de su destino al mantenimiento de las instalaciones". Concretamente, en la investigación se habla de irregularidades "tanto en la forma de adquisición como en el destino de las compras, que no fueron derivadas al uso público para el que inicialmente fueron adquiridas".

Se aludía igualmente a declaraciones de los responsables del ICMAN en el transcurso de las pesquisas para afirmar que en su trabajo como funcionario en este centro estuvo habilitado para la compra de materiales de la empresa desde marzo del 2013 hasta mayo del 2024 teniendo atribuida la facultad de administrar fondos públicos a través del desempeño de su labor profesional, "si bien esta persona presuntamente se excedió en el ejercicio de la misma causando con ello un perjuicio al patrimonio administrado".

La investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María-Puerto Real -concluía la nota de Policía- pudo determinar "que este empleado se apropiaba presuntamente del material comprado con cargo a estos fondos y cuya custodia le había sido confiada, dándole un destino diferente al servicio público para el que se adquirió, tras lo cual fue detenido".

Las cantidades que podrían haber sido malversadas no alcanzan cifras elevadas. Se habla de unas cifras que rondan los 9.000 euros.

Concejal en La Isla desde 2022

Joaquín Rodríguez Balestra concurrió por primera vez a las elecciones municipales en 2019 ocupando el número 7 de la candidatura del PP y tomó posesión de su acta de edil en 2022 tras la marcha de José Loaiza. En las elecciones de 2023 revalidó su cargo como concejal al figurar en el número 4 de las listas populares.

Nacido en Cádiz, es técnico superior y empleado público en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Fue también profesor de Grado Medio en el Colegio Salesianos y asesor de Alcaldía en el Ayuntamiento de San Fernando. También ha pertenecido al CSIF.

Hasta su designación como concejal fue también miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de Suelo de San Fernando (ESISA) en representación del PP.

También fue presidente de la Federación de AMPAS de los centros concertados de San Fernando, cargo con el que precisamente empezó a darse a conocer en La Isla.