La concejala de Urbanismo de San Fernando se abstiene en los expedientes de las obras de su casa

Claudia Márquez, a la izquierda, junto al concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, en el pleno del pasado mes de enero. / Ayuntamiento San Fernando

San Fernando/El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes el decreto de Alcaldía-Presidencia del pasado 10 de febrero en el que se da cuenta de la abstención de la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, en los expedientes urbanísticos relativos a la casa que adquirió en el centro de San Fernando y cuyas obras de rehabilitación están en el punto de mira de PP y AxSí, que desde la oposición han hablado de "indicios de irregularidades" y ha reclamado el cese de la delegada.

La resolución publicada en el BOP acuerda la delegación de competencias en la persona del concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, para que asuma la representación municipal en la tramitación de los expedientes relativos a la orden de ejecución y a la adecuación interior de la citada vivienda conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tras aceptar la causa de abstención presentada por Claudia Márquez.

Las obras -los dos proyectos presentados a Urbanismo, uno de demolición y consolidación del inmueble y otro para la adecuación de la vivienda en sí- cuentan de entrada con el informe favorable de la comisión municipal de patrimonio, que ha dado su visto bueno y ha aprobado la actuación que ahora se está desarrollando, como siempre ha defendido el gobierno municipal y la propia concejala de Urbanismo frente a las críticas de la oposición.

La actuación que la edil lleva a cabo en su vivienda -que adquirió la Obispado- fue objeto incluso de una moción de Vox en el pleno del pasado mes de enero en la que se aprobó acometer la revisión de los expedientes urbanísticos relativos a su casa.

Por otro lado, la denuncia presentada por la formación política Plataforma 3R ha dado pie a la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Cádiz, lo que no deja de ser el procedimiento habitual que se sigue ante este tipo de casos.