Tres investigados en San Fernando por irregularidades en cursos de formación para vigilantes

Tres responsables de un centro de formación de San Fernando están siendo investigados como presuntos autores de un delito de falsedad documental en la concesión del título que habilita para desempeñar la profesión de vigilante de seguridad privada.

Concretamente, se tratan del director, el jefe de estudios y el instructor de tiro de la academia, quienes habrían recurrido a simuladores y armas de fogueo para ahorrarse el alto coste de las prácticas de tiro obligatorias para certificar las titulaciones, según una investigación conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Además, al menos 32 alumnos podrían ver anulados los títulos obtenidos, por lo que podrían perder el permiso para ejercer su actividad en el sector de la vigilancia privada.

La investigación se inició a raíz de las labores propias de inspección y control de las practicas de tiro de los centros de formación que normativamente tiene atribuidas la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. En una de estas inspecciones surgieron las primeras sospechas sobre un centro que no habría cumplimentado las prácticas principalmente, por no haber obtenido aún las oportunas autorizaciones, a pesar de lo cual habrían otorgado los diplomas.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en Cádiz y dando comienzo así a la investigación conjunta que confirmó las sospechas de ambos cuerpos policiales. Fruto de las gestiones realizadas se detectó que las irregularidades afectaron a la no realización de las prácticas de tiro obligatorias con armas de fuego reglamentarias que han de cumplimentar necesariamente los alumnos dentro de los diferentes módulos formativos que conforman el citado curso. En el caso investigado afectaría, por el momento a 32 alumnos.

Para evitar los elevados costes de las practicas de tiro recurría a simuladores de tiro y a revólveres de fogueo que eran utilizados en un aula del centro, diciendo a los alumnos que unas prácticas realizadas de este modo eran totalmente válidas. Los alumnos participantes en el curso se enfrentan ahora a la anulación de sus titulaciones, cuestión que deberá ser dirimida en los Juzgados.

El módulo de armamento y tiro conlleva la realización de prácticas de tiro con revólveres de dotación para vigilantes que necesariamente habrían de realizarse en una galería de tiro autorizada, con munición real o de fogueo y tuteladas por un instructor de tiro acreditado y requeriría que el centro de formación contara con las pertinentes autorizaciones administrativas otorgadas por la Dirección General de la Guardia Civil.

La organización y realización de estas prácticas conllevan un elevado coste económico para el centro de formación que puede oscilar entre los 1000 y 1500 euros por sesión. Se trata de un coste que no todos los centros de formación pueden asumir, dada la fuerte competencia en el sector de la formación de aspirantes a Vigilantes, donde el importe de un curso de seis semanas de duración y al menos 180 horas lectivas viene a ser de entre 350 a 400 euros por alumno.

La superación del curso y la obtención de la titulación permite a los alumnos permite a los alumnos presentarse a los exámenes oficiales que organiza cuatro veces al año la Dirección General de la Policía. Una vez superados los exámenes los nuevos vigilantes obtienen su tarjeta de identificación personal que les permite incorporarse en el mercado laboral dentro de las empresas del sector de la Seguridad Privada y obtener nuevas habilitaciones posteriores como puede ser la de Vigilantes de Explosivos o la de Escolta Privado

Sancionado en otras ocasiones

Este centro y de manera más concreta, uno de sus directivos con habilitación de Vigilante de Seguridad Privada, ya había sido investigado anteriormente. Este individuo, con una larga trayectoria en la formación de aspirantes a vigilantes en diferentes centros que el mismo había fundado y dirigido, había llegado a ser sancionado incluso con la perdida de la autorización de los centros para impartir este tipo de docencia, la cual no fue óbice para él para abrir nuevos centros de formación a cuyo frente ponía como firectores a terceras personas con escasos conocimientos, permaneciendo él en un segundo plano a fin de eludir posibles responsabilidades y no levantar sospechas por su azarosa trayectoria profesional.