El largo camino de La Albenda

San fernando/Hace más de 15 años que los vecinos de la antigua Huerta San Joaquín buscan una solución para legalizar sus construcciones y parcelas. El proceso, que ya tiene visos de solución, ha sido largo y complicado. No era para menos siendo un tema tan complejo, que han tratado varios gobiernos municipales y tres alcaldes y que ha necesitado de la voluntad de todas las partes. Ahora el proyecto de reparcelación aprobado a principios de abril supone el paso definitivo para la urbanización y legalización de la zona; y desde la representación vecinal se espera que la urbanización comience a lo largo de este año.

Ignacio Coello, presidente de la asociación de vecinos Camposoto que se creó precisamente para la urbanización de los terrenos de La Albenda y Torre Redonda, recuerda que su junta directiva lleva ocho años inmersa en conversaciones con los equipos de gobierno que han pasado por el Ayuntamiento en este tiempo. "Hasta cinco concejales de Urbanismo y tres concejales se han sentado a hablar con nosotros", añade sobre un periplo que se inició en 2005 con un convenio urbanístico en el que se marcaba las lindes del vial principal y los metros de edificabilidad de cada parcela. Es, apunta, el primer documento oficial y los primeros derechos adquiridos de los propietarios de las parcelas.

Una vez aprobado el último Plan General (PGOU) el colectivo contrata a un equipo de abogados y arquitectos para que redacten varios estudios de detalle para mejorar ese convenio. Sus reivindicaciones eran reducir el vial para que no hubiera expropiaciones, evitar el derribo de viviendas y aumentar la edificabilidad y el número y de viviendas. No todos los objetivos se han conseguido, reconoce la asociación, que señala los límites que pone la ley. El estudio de detalle que presentó Camposoto al Consistorio, que había logrado el apoyo vecinal mayor, fue aprobado definitivamente en 2015 con algunas modificaciones. "Se aprueba con este equipo de gobierno aunque se había negociado también con el anterior", detalla Coello. Ese documento se tiene en cuenta en el proyecto de reparcelación.

"Desde el principio del convenio y el estudio de detalles buscábamos que hubiera una edificabilidad digna, que hasta las parcelas más pequeñas pudieran construir al menos 100 metros cuadrados", defiende el presidente de la asociación de vecinos. Concretamente, se reconocen parcelas de 147,53 a 925,68 metros cuadrados con una edificabilidad que va de 103,90 a 349,46 metros cuadrados. Como ejemplo en una superficie de en torno a 440 metros cuadrados se permite la construcción de 160 metros cuadrados. "Para esto las parcelas más grandes han cedido edificabilidad a las más pequeñas", recalca. "Todos hemos cedido", añade en referencia a los suelos que ceden para los viales.

Este documento urbanístico recoge también el derribo de dos viviendas, que no están habitadas habitualmente, y algunos cuartos. "Son unas construcciones pequeñas que en algunas ocasiones han servido de vivienda, pero incluso en estos dos casos quedan dos parcelas dignas", abunda Ignacio Coello. Eso sí, a pesar de las alegaciones presentadas en esta dirección, no han conseguido que sus propietarios consigan indemnización alguna: no les corresponde según la ley, es la respuesta de la Administración local.

El colectivo ha insistido en sus negociaciones con el municipio en buscar las mejoras condiciones para los vecinos, de ahí que ante el equipo de gobierno trataran la inviabilidad económica de la primera versión del proyecto de reparcelación. La segunda versión, dicen, está más ajustada "a la realidad del barrio" e incluye una de las preocupaciones vecinales: la posibilidad del traslado al Área de Inclusión y Políticas Sociales para que se pronuncie sobre posibles afectados en el ámbito", lo que permite que cualquier vecinos pueda exponer su situación económica al Ayuntamiento para que intervenga. Desde Desarrollo Sostenible, su responsable, Claudia Márquez, exponía en abril cuando se aprobó el proyecto de reparcelación, precisamente, que las cargas económicas previstas se compensarían un 30% con la aportación municipal, a través del Patrimonio Municipal de Suelo, "para posibilitar un desarrollo real en una zona donde no sería posible que los vecinos hicieran frente al coste de las infraestructuras". De hecho, se ha aceptado su faseado de manera que también se fraccionarán los pagos.

"Entre los vecinos hay de todo: quienes quieren legalizar, quienes quieren construir y los que se oponen", admite Coello.