La liquidación de intereses añade otros 1,4 millones de euros al robo de la caja municipal

San Fernando/El cálculo de los intereses ha disparado la cantidad que el Tribunal de Cuentas reclama por el robo de la caja de efectivo que existía en las oficinas municipales de Hacienda, del que en el próximo mes de abril se cumplirán diez años ya. La cifra final supera los nueve millones de euros.

Si el pasado 21 de septiembre se dictaba al fin desde el departamento primero de la sección de enjuiciamiento el auto de ejecución de la sentencia del procedimiento de reintegro por alcance que afecta al Ayuntamiento de San Fernando, a mediados de noviembre se ha dado un nuevo paso en todo este proceso al practicar la liquidación de los intereses ordinarios que se sumarán a los 7.665.733,92 euros en los que dicha resolución –la sentencia es de diciembre de 2013– cifra la cantidad malversada de las arcas municipales y de las que se considera responsables directos a los dos cajeros que estaban al frente del servicio, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis.

Para llevar a cabo este cálculo se ha tenido en cuenta el periodo transcurrido entre el 1 de abril de 2009 –es la fecha en la que se denuncia el desfalco de la caja a la Policía y en la que se inician también las investigaciones por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía que culminaron en el proceso contable– y el 2 de diciembre de 2013, que es cuando se dicta la sentencia.

El total de los intereses, según las notificaciones que han recibido las partes, asciende a 1.433.177,22 euros. Esta cantidad, sumada a los 7,6 millones de euros en los que el Tribunal de Cuentas cifra los perjuicios ocasionados en los fondos públicos del Ayuntamiento de San Fernando, da como resultado una deuda acumulada de 9.098.911,14 euros a favor del Consistorio isleño. Es la cantidad que se reclama a los dos funcionarios a los que se considera responsables contables directos.

El tipo de interés que el Tribunal de Cuentas ha aplicado en esta liquidación, según las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para los años 2009 a 2013, ha sido de un 4%, lo que suponen 306.629,36 euros por cada año trasncurrido.

Así que a Clemente Ruiz y a María José Lebrero el Tribunal de Cuentas le reclama finalmente algo más de 9 millones de euros por el robo de la caja de las oficinas de Hacienda, un proceso –hay que recordar– que discurre paralelo a la causa penal abierta, que todavía está en su fase de instrucción y pendiente de señalar el juicio.

El pasado 19 de septiembre, una vez resueltos los distintos recursos presentados contra la resolución de 2013, el Tribunal de Cuentas dictó un auto de ejecución de sentencia en el que señalaba ya la adopción de las medidas pertinentes para la localización y averiguación de los bienes de los dos responsabales directos –los funcionarios Clemente Ruiz y María José Lebrero– al objeto de que respondan con su patrimonio por la cantidad malversada de las arcas municipales. También se acordó la liquidación de los intereses correspondientes a sumar a la cantidad reclamada, que son los 1,4 millones de euros que ahora se han añadido a la deuda.

El decreto y el auto de ejecución de la sentencia a favor del Ayuntamiento que el Tribunal de Cuentas dictó el pasado mes de septiembre ha supuesto el primer paso en firme que se ha dado en casi una década para que las personas consideradas responsables de lo ocurrido devuelvan el dinero que durante varios años se esfumó de las arcas municipales de la manera más escandalosa posible y sin que fuese detectado por los mecanismos de control rutinarios habida cuenta del desfase contable que existía en el Ayuntamiento en aquellas fechas. Un polémico tema que ha afectado de una u otra forma a los gobiernos de distinto signo político que se han sucedido desde aquella fecha –PA, PP y PSOE– y que todavía escuece en San Fernando, especialmente por los escasos avances que registra la vía penal, en la que la causa acumula un notorio retraso.

Contra la sentencia del Tribunal de Cuentas de 2013 se han presentado distintos recursos que no se han terminado de resolver o de contestar hasta este mismo año. De ahí que hasta septiembre no se dictara el esperado auto de ejecución de la sentencia. Todos los implicados, acogiéndose a su derecho, presentaron recursos de apelación en primera instancia contra esta sentencia del Tribunal de Cuentas. Y todos ellos fueron desestimados el 12 de diciembre de 2016. Posteriormente, se intentaron presentar recursos al Tribunal Supremo pero ninguno fue admitido, lo que se conoció en abril.