Medio centenar de afectados en San Fernando tras haber pagado hasta 1.400 euros por un curso de vigilante que no se impartió

San Fernando/Una quincena de alumnos matriculados en la academia Quorum Formación de San Fernando ha formalizado una denuncia colectiva contra el centro por no haber recibido el curso para la obtención del certificado de profesionalidad de vigilante de seguridad privada por el que abonaron con antelación cantidades que oscilan entre los 500 y los 1.400 euros.

El inicio del curso, según se expone en la denuncia, se fue aplazando en varias ocasiones aludiendo a distintos motivos, lo que despertó recelos entre los alumnos, que empezaron a sospechar que ocurría algo raro. No obstante, ante su insistencia, el pasado día 19, recibieron a través de WhatsApp un mensaje que les informaba de que la academia permanecería cerrada durante los dos días siguientes y de que desde el gabinete jurídico se pondrían en contacto con el administrador concursal para tratar con los afectados.

Al día siguiente, los alumnos matriculados en el curso de vigilante de seguridad acudieron a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para presentar una denuncia. Sin embargo, en el transcurso de la semana han tenido conocimiento de otros afectados con los que incluso han coincidido en las dependencias policiales al ir a denunciar los hechos. Calculan que hay unas 50 personas en la misma situación y hay algunos casos que se remontan hasta el pasado mes de mayo.

Desde este medio se ha intentado hablar con el responsable del citado centro de formación a través de varias vías sin resultado. El teléfono móvil de contacto de la academia –y que se identifica como tal– señala que el número no existe. Los afectados indican también que el centro permanece cerrado. Algunos han acudido para pedir explicaciones sin conseguir nada. En redes sociales, los últimos mensajes de la academia –en activo desde 2013– datan de octubre de 2024 y los últimos cursos ofertados se retrotraen al mes de junio anterior.

Los afectados que han formalizado la denuncia colectiva acudieron a este centro de formación en torno a los pasados meses de septiembre y diciembre al objeto de matricularse en el curso para obtener el certificado de profesionalidad que les permitiera luego trabajar como vigilantes de seguridad privada, que se planteaban como una salida laboral.

El inicio del curso -exponen- se aplazó en un primer momento alegando desde el centro que la Junta de Andalucía tenía que asignar un supervisor del mismo. No obstante, entretanto se desarrollarían unos cursos específicos relacionados igualmente con el desempeño profesional de los vigilantes de seguridad en campos o áreas concretas.

Según las declaraciones realizadas por algunos de estos alumnos, dicha formación se impartió durante algunos días a lo largo de los meses siguientes pero sin garantías alguna de que pudiera convalidarse posteriormente por un título o que, de alguna manera, pudiera certificarse. Además, el hecho de que los cursos específicos se impartieran antes que la formación básica empezó a despertar dudas entre los compañeros.

Sucesivas fechas aplazadas

El curso para la obtención de la certificación profesional, no obstante, seguía sin comenzar. Y así se llegó hasta pasadas las Navidades. Concretamente, el 6 de enero se les notificó por vía WhatsApp que al día siguiente se informaría del inicio del curso, que podría ser o bien el 10 o bien el 13 de enero. El día 8 se concreta que el comienzo de la formación sería finalmente el 13 y se insta a los alumnos que todavía tenían que presentar distinta documentación a que cumplimentaran dicho trámite.

Sin embargo, llegado el día 11 volvió a postergarse el inicio del curso hasta el 14 en un nuevo mensaje. Y un día antes de esta última fecha, para desesperación del personal matriculado, de nuevo se aplazó alegando distintas excusas. Se fijó entonces otra fecha, el 16 de enero. Y una vez más pasó lo mismo: el día antes se volvió a mandar un mensaje de WhatsApp informándoles de la imposibilidad de dar comienzo al curso e instándoles a que se pasaran por la academia determinados días de la semana para concretar opciones individuales para cada alumno.

El siguiente mensaje llegaría el pasado domingo y en él se les notificaba ya directamente que el centro estaría cerrado durante los días siguientes y se indicaba que el administrador concursal y el gabinete jurídico se pondrían en contacto con los afectados. Tras ese mensaje el teléfono de contacto se desconectó.

Un traslado de alumnos desmentido

Durante los días siguientes, los afectados además conocieron que un grupo de compañeros, en esa confusa situación de fechas de inicio y aplazamientos sucesivos, se había plantado en la academia para pedir explicaciones. Consiguieron reunirse con el responsable, que dadas las dificultades que encontraba para impartir el curso les aseguró que estaba tramitando el traslado de los alumnos a otra academia similar ubicada en la vecina localidad de Chiclana para que pudieran obtener el certificado de profesionalidad. No obstante, una vez que los afectados se pusieron en contacto con este otro centro para informarse sobre los trámites descubrieron que no era cierto.

Los afectados se sienten estafados no solo por las cantidades económicas que han abonado sino también por el tiempo que han perdido a la espera de un curso que jamás se ha llegado a impartir. "Han jugado con nosotros, con nuestras expectativas laborales y con la ilusión que cada uno tenía de buscarse una salida profesional", dice uno de ellos.