Sí a los militares

En 1943 Franco cerró la Escuela Naval Militar que había estado en La Isla desde 1769 (anteriormente, se conocía con el nombre de la Academia de Guardias Marinas) para trasladarla a su ubicación actual, en Marín (Pontevedra). Fue lo primero, el primer agravio que sufrió una ciudad inventada para dar cobijo a los militares. Y no solo a la Marina, aunque su presencia siempre haya sido predominante en la ciudad. La Isla, a lo largo del tiempo, también ha sido la casa del Ejército. El Regimiento de Artillería de Costa (RACTA-4), que en 2010 celebró su 300 aniversario, se asienta en Camposoto desde mediados del siglo XIX. La tradición militar de la ciudad es larga e incuestionable y está salpicada de heroicos episodios históricos, como su papel en el asedio napoleónico de la Guerra de la Independencia, que tantas veces ha sido exaltado y recordado en los últimos años.

Pero la situación ha cambiado drásticamente con la progresiva desaparición de instalaciones y unidades militares, que han sido desmanteladas ante el estupor de los isleños, que han visto además cómo la marcha de todo aquello de lo que han estado viviendo durante siglos se ha dejado notar -y mucho- en sus bolsillos.

El proceso, a pesar de los precedentes, comienza en la década de los 90 al amparo de la modernización de las Fuerzas Armadas y de las sucesivas reorganizaciones que se abordan para ganar en operatividad y adaptar sus unidades a los nuevos tiempos. Las las decisiones políticas adoptadas -a menudo arbitrarias- han perjudicado seriamente a los isleños, que han visto como acuartelamientos y unidades cerraban uno detrás de otro sin tregua: los polvorines de Fadricas, la escuela de artillería de Janer, la Escuela de Aplicaciones, Capitanía, el hospital de San Carlos... A ese desmantelamiento se añade el efecto causado por la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la desaparición en 2001 del servicio militar obligatorio -la mili- cuyas consecuencias fueron devastadoras para la ciudad y su actividad económica, especialmente dependiente de los militares (sobre todo en el comercio y la hostelería). Podría decirse que La Isla no ha vuelto a ser la misma desde entonces, sobre todo porque prácticamente lo ocurrido coincidió en el tiempo -en pocos años- con la definitiva desaparición de la Fábrica de San Carlos (FSC) y con la crisis del sector naval, que todavía hoy perdura.

La situación ha sido el mejor caldo de cultivo de una mentalidad escéptica, desencantada y nostálgica que se ha asentado con firmeza en los isleños, entre los que reina desde entonces una sensación de agravio por todo lo que se han llevado. Especialmente, porque el cierre de unidades militares rara vez ha venido acompañado de compensaciones. La cesión gratuita del hospital de San Carlos al Servicio Andaluz de Salud es, en este sentido, la gran excepción. Janer ha tardado más de una década en empezar a desarrollarse -ahora da sus primeros pasos aunque el proyecto que Zona Franca tiene previsto allí tardará todavía en tomar forma- y los suelos de los polvorines de Fadricas han estado largos años bloqueados y todavía, a día de hoy, son un inmenso solar de medio millón de metros cuadrados.

Y es en este contexto cuando irrumpe la noticia del cierre del Centro de Formación de Tropa número dos (CEFOT-2) de Camposoto, que muchos -habida cuenta de lo ocurrido durante los últimos años- dan ya por hecho tras las declaraciones que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha realizado en Cáceres esta semana, en las que aseguraba que estaba "en evaluación".

El rechazo político y social que ha suscitado este posible cierre por parte del Ministerio ha sido amplio, sobre todo cuando la amenaza se ha confirmado tras conocerse que las instalaciones de Cáceres -unidad que rivalizaba con la de San Fernando en el proceso de racionalización de infraestructuras emprendido por el Ejército de Tierra para ahorrar costes- seguirá abierta en el futuro para atender la formación de la tropa profesional.

Este otro centro -el CEFOT-1- tenía incluso peores cartas que Camposoto para seguir abierto puesto que en La Isla, cabe recordar, el acuartelamiento forma una pequeña base que comparte con otras unidades como el Regimiento de Artillería de Costa número cuatro (RACTA-4), lo que permite optimizar los recursos y ahorrar en mantenimiento. No obstante, la presión social ejercida por Cáceres -y, sobre todo, la política- han conseguido dar un inesperado giro a la situación.

La ecuación es sencilla: si el Ministerio ha dicho que solo puede quedar uno y Cáceres no se cierra, es de nuevo San Fernando la ciudad a la que le toca pagar. A los isleños, ahora, solo les queda movilizarse para impedir que un nuevo acuartelamiento -con 200 personas en plantilla y una afluencia media de 1.500 alumnos al año- cierre sus puertas.

Puede que muchos isleños no conozcan que es el CEFOT (Centro de Formación de Tropa) porque se trata de una denominación bastante reciente. Pero sí saben perfectamente lo que es el cuartel de Camposoto y lo que significa para La Isla. Nadie quiere que se pierda, a pesar incluso de que luchar por la continuidad de las instalaciones lleva implícita también la renuncia a una reivindicación histórica: la de la desafectación de estos terrenos. Ahora mismo, esta demanda ha pasado a un segundo plano. Sobre todo cuando terrenos como los polvorines de Fadricas o Janer, ya liberados, siguen sin poder desarrollarse y sin generar actividad económica alguna. La ciudad, en una coyuntura económica especialmente crítica como la actual, se aferra a esos beneficios que deja la afluencia de aspirantes cada vez que salen a la calle, las visitas de sus familiares, las juras de bandera y los 200 profesionales que forman la plantilla permanente. Se ha hablado de hasta seis millones de euros que podrían perderse si se cierra el CEFOT. Eso sí, en honor a la verdad, es justo recordar que cuando se hablaba de desafectación de Camposoto se aludía a los terrenos que no tienen uso en la actualidad, aproximadamente un millón de metros cuadrados. La idea era que su desarrollo pudiera coexistir con el acuartelamiento.